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Abandono total de autoridades a jornaleros agricolas, no hay programas específicos

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Miguel Martínez, Abel Barrera, Aureliana Díaz

Antonia Ramirez Marcelino

Tlapa, Guerrero; a 08 de noviembre 2021. Los integrantes del Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña y el director Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan denunciaron el abandono total de las autoridades federal, estatal y municipal: “No hay programas específicos que atiendan a los jornaleros”.

El integrante del Consejo, Miguel Martínez Peralta lamentó que desde que se dio el cambio en los gobiernos municipales, los nuevos alcaldes no se han acercado a los jornaleros indígenas para atender sus necesidades.

Por lo que pidió a las autoridades visitar la Casa del Jornalero, debido a que las instalaciones necesitan ser renovadas y equipadas para el uso de las familias que se alistan para migrar, el único presidente que acudió a entregar despensas y se comprometió con la reparación de baños y lavaderos es el de Cochoapa el Grande, Bernardo Ponce García.

El director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández resaltó que hay una “ausencia” de autoridades y presentó un informe de la situación de los jornaleros en una conferencia de prensa, en la que explicó que el año pasado, a pesar de la pandemia, familias de Cochoapa, Metlatónoc y Tlapa y se vieron obligadas a migrar para sostener su precaria economía.

Detalló que en el 2020 el Consejo registró un total de 15 mil 423 personas que migraron, de las cuales 7 mil 669 son mujeres jóvenes y adultas mayores, incluso niñas; mientras que 7 mil 754 son hombres.

Y en lo que va de este año, suman 10 mil 572 personas migrantes; es decir, en los últimos dos años, más de 25 mil indígenas salieron de sus casas para trasladarse a los campos agrícolas de Sinaloa y otros estados del país, como Chihuahua, Michoacán, Zacatecas y Baja California.

“Son desplazamientos muy lejanos donde están los niños, las niñas, las madres embarazadas, las madres trabajadoras y son, en verdad, una gran población que se va sin ningún respaldo institucional, sin ningún registro, es la población invisible”.

Porque no tiene reconocimiento, es la migración vulnerable porque en su recorrido se enfrentan a muchos riesgos, como accidentes porque muchos mueren en el camino, los autobuses solo los trasladan, pero nadie le da seguimiento, algunos se enfermaron de Covid-19 pero ni una institución responde por ellos.

En ese sentido, resaltó que las cifras presentadas corresponden al trabajo hecho por Tlachinollan no hay registros oficiales del Gobierno del Estado; para documentar los casos participaron voluntarios, becarios e integrantes del Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña, como Miguel Martínez Peralta y Aureliana Díaz Benigna, ambos de la comunidad náhuatl de Chiepetepec, municipio de Tlapa de Comonfort, quienes hace años también migraron.

Aureliana relató que ella fue migrante trabajó en los campos cortando ejote, junto con sus cuatro hijos y su esposo quien murió en un accidente.

Ahora apoya en el Consejo es la encargada de preparar la comida para los jornaleros, no recibe sueldo solo una compensación antes lo daba la Secretaria de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas pero les dejó de darles hace muchos meses y ahora es Tlachinollan quien los apoya.

Abel Barrera recordó que en gobiernos pasados se creó una Comisión Interinstitucional para brindar atención a las familias de jornaleros indígenas, pero actualmente “no hemos encontrado eco de parte de las autoridades”.

Señaló que un número mínimo de jornaleros indígenas tiene acceso a los programas a cargo de la Secretaría de Bienestar, como el apoyo a adultos mayores, madres solteras, fertilizantes; entre otros.

“Estamos ante una situación donde los programas no están llegando a la población jornalera, nos han dicho los jóvenes que trabajan como Servidores de la Nación que solamente registran en las comunidades y obviamente al no encontrar a las familias en sus pueblos, automáticamente quedan fuera, se necesita implementar un mecanismo que registre a la población jornalera donde se está desempeñando como trabajador agrícola”, puntualizó.

Finalmente, Abel Barrera reiteró su llamado a las autoridades a que atiendan la situación de los jornaleros que atraviesan por situaciones “muy graves”, por lo que necesitan servicios públicos de salud, alimentación, de agua y particularmente, atención a mujeres, niñas y niños porque muchos llegan enfermos y se necesita un médico que esté todos los días, porque el que está solo acude a veces, las enfermeras solo van un ratito, la atención a la salud debe ser constante, reiteró.

Miguel Peralta señaló que el presidente priista de Tlapa, Gilberto Solano Arreaga les quitó todos los servicios que les brindaba el municipio, el agua, ya no pasa el carro de la basura, el policía que enviaban para brindarles seguridad.

Y que el ex gobernador, Héctor Astudillo Flores que encomendó a través de la Comisión de Infraestructura, Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG) Javier Taja para la remodelación de los dormitorios de los jornaleros los dejó desmantelados, la empresa se llevó las literas, las tazas de los baños, las regaderas porque se iban a mejorar.

Pero durante la campaña electoral se les olvidó, abandonaron el trabajo y ahora se quedaron si camas, baños y regaderas.

Y que hasta el momento no tienen atención de la SAIA ni por parte de la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda que hace un mes, le hicieron llegar un oficio, pero aún no hay ni una respuesta, por lo que en su próxima visita a la Montaña esperan que atienda las necesidades de los jornaleros.

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Marchan mujeres en Tlapa a favor de la despenalización del aborto

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Sebastian Guerra Soto

Tlapa, Guerrero. 7 de mayo de 2022.- Durante la tarde de hoy, un grupo de feministas se reunió al exterior de la sede del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en Tlapa, para después avanzar hasta el Palacio Municipal, en donde llevó a cabo un mitin.

La marcha tiene lugar tras la propuesta de reforma al artículo 159 del Código Penal de Guerrero, la cual despenalizaría el aborto en el estado y que será votada en el pleno el próximo miércoles.

Durante el recorrido, las mujeres lanzaron consignas a favor de la maternidad deseada, además de desplegar mantas en donde exigieron a los diputados votar a favor de la propuesta. El contingente estuvo conformado en su mayoría por jóvenes, además de madres acompañadas por sus hijas.

Así mismo, conductores de servicio público confrontaron a las manifestantes, agrediéndolas verbalmente y conminándolas a dejar de protestar para despenalizar el aborto y “mejor usar condón”.

Cabe señalar que la manifestación no contó con vigilancia policial durante el recorrido.

Una vez en el ayuntamiento, las feministas replicaron el comunicado que distintas colectivas presentaron de manera presencial y virtual el martes pasado, en el cual respaldaron la iniciativa de decreto para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones del Código Penal Estatal en materia de aborto, que impulsaron las diputadas locales de Morena, Gloria Citlali Calixto Jiménez, Nora Velázquez Martínez y Beatriz Mojica Morga.

Finalmente, subrayaron que la iniciativa “es acorde a las recomendaciones realizadas por organismos Internacionales de Derechos Humanos al Estado Mexicano”; y también se pronunciaron contra la criminalización de la interrupción legal del embarazo y exigieron a los diputados locales a aprobar el decreto.

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Llaman feministas al Congreso de Guerrero a legislar a favor del aborto

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Sebastian Guerra Soto.

Tlapa, Guerrero. 3 de mayo de 2022.– La mañana de este martes, un grupo de mujeres pertenecientes a la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres hicieron un llamado a los diputados que votarán la iniciativa que despenaliza el aborto en el estado de Guerrero.

En conferencia de prensa, las activistas leyeron un comunicado en donde se exhorta a los legisladores a aprobar la reforma al artículo 159 del código penal del estado para así garantizar la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación.

Esta iniciativa, se afirma en el comunicado, “es acorde a las recomendaciones realizadas por organismos Internacionales de Derechos Humanos al Estado Mexicano, tal es el caso del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) para acelerar la armonización de leyes y protocolos para garantizar el acceso a la interrupción legal del embarazo”; por otro lado, “responde a la reciente resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que señala que la criminalización del aborto es anticonstitucional, y recupera la importancia de la laicidad como una cualidad democrática fundamental”.

“A nivel nacional, según datos del INEGI, en 2018 se registraron 23 muertes maternas; en 2019, 40; y en el 2020, 47; lo que representa un incremento de 104.4 % y de ahí la necesidad de reformar las leyes, estatutos y códigos para armonizarlos con el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, niñas y adolescentes”, agregaron.

Las feministas afirmaron que han tenido acercamientos con algunas diputadas, específicamente con Citlali Calixto, quien fue una de las principales impulsoras de la reforma, y tienen esperanza de que la votación sea favorable: “La iniciativa estuvo parada mucho tiempo y no había habido un avance hasta ahora que cambió el gobierno, y que la gobernadora ha expresado su postura a favor de erradicar matrimonios forzados y prevenir embarazos adolescentes, por lo que estamos esperanzadas. Es un panorama esperanzador”.

En cuanto al tema regional, afirmaron que la organización DDSER (Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México), acompañó entre 3 y 4 casos al mes, en tiempos de pandemia, de interrupción voluntaria y legal del embarazo; por lo que exigieron a los diputados de la región: María Flores, Macedonio Mendoza, Leticia Mosso y Raymundo García, que legislen a favor de los derechos reproductivos de las mujeres, niñas y adolescentes de la Montaña: “Las mujeres de la Montaña atraviesan por varias circunstancias (…) aquí siempre se ha tenido una deuda histórica porque los diputados siempre han olvidado esa parte y tienen un compromiso para con las mujeres. Es momento de reivindicar su posición al aborto”. Aquí en la montaña existen prácticas de costumbres que violentan a las mujeres y las niñas. Ninguna mujer debe estar presa por abortar”.

En cuanto al tema del incremento de feminicidios en la región, comentaron: “pedimos justicia y no impunidad. Que la procuraduría no solape y se ponga a trabajar. En Tlapa hay varias denuncias y se les da carpetazo. No hay continuidad. Para eso uno les tiene que estar pagando: ¿cómo les vamos a pagar por hacer su trabajo?”

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Cumple tres días bloqueo en la Tlapa-Chilapa; buscan reconocimiento de delegado.

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Carmen González Benicio 

Tlapa, Guerrero. 29 de abril de 2022. Nahuas de la colonia Cruz Grande, de Tres Caminos, municipio de Tlapa, cumplieron tres días bloqueando la carretera Tlapa-Chilapa porque el ayuntamiento se niega a reconocer a su delegado ya que no pertenecen a su grupo político, dijeron.

Contaron que en enero participaron en la convocatoria que emitió el ayuntamiento para elegir delegados y comisarios para el 2022, por lo que acudieron a Tlapa para registrar su planilla, dándoles el número dos y, como titular, Francisco Villa Esperan.

El día de la votación acudieron a la delegación pero, al llegar, se les impidió, sacándolos a empujones con el argumento de que no vivían en la colonia porque no tenían casas, sin embargo, tienen terrenos, por lo que tienen derecho, “pero los del ayuntamiento nos desconocieron, trajeron policías que nos sacaron a empujones de la delegación”.

Señalaron al secretario general, Joaquín  Álvarez, de ser quien les negó su participación  en su condición de representante del ayuntamiento, pese a que eran más de 100 personas y la otra planilla, con Agustín Salvador Villa a la cabeza, era de 25.

Al no permitirles votar por usos y costumbres, es decir en votación a mano alzada, acudieron el 29 de enero al ayuntamiento a dejar su impugnación en la Secretaría General, pidiendo que se hiciera la elección porque les habían negado sus derechos.

La respuesta del Ayuntamiento fue la de llamarlos para organizar una reunión y resolver su exigencia, sin embargo, una vez ahí, les dijeron que “mejor se sumaran a la planilla que ellos reconocían”, a lo que respondieron: “No nos vamos a sumar a quien tiene minoría, además de que se nos violentaron nuestros derechos al no dejarnos participar”. 

Dijeron que pidieron se hiciera nueva elección o ellos se sumaran porque eran minoría, sin que se resolviera nada porque “al ser su gente les daban el lado”.

Remarcaron que el ayuntamiento y el presidente, Gilberto  Solano Arreaga, «respaldan a su gente priista porque a nosotros nos identifican con Morena y por eso no los quieren reconocer».

Agregaron que, ante la falta de respuesta y la cerrazón del ayuntamiento por darles solución, pese a que su exigencia era una elección donde los dejaran votar,  decidieron bloquear la carretera, pues ya pasaron cuatro meses y ahora piden el reconocimiento de Francisco Villa como delegado, porque son mayoría.

Lamentaron que el presidente Gilberto Solano Arreaga no acudiera para atenderlos porque el conflicto lo generaron desde el  ayuntamiento al no permitirles votar a pesar de que cumplieron los requisitos como planilla y evitar que ahí en la asamblea “se viera quién ganaría”.

A tres días de bloqueo tampoco los ha buscado y, en lugar de atender los problemas, se dedique a andar repartiendo juguetes, con lo cual, afirmaron, no están en contra, pero debe atender de manera directa lo que sus colaboradores no pueden porque “ él tiene facultades”.

«Le da la vuelta a los problemas, hoy no pasó por aquí  para ir a Ayotzinapa a dejar  juguetes, se fue  por Copanatoyac, ya vimos».

“Ya llevamos cuatro meses sin que nos den una respuesta sobre el reconocimiento de nuestro delegado Francisco y no nos vamos a quitar hasta que nos atiendan”.
Dieron a conocer  que quien está mediando el conflicto es el delegado regional de Gobernación, Jorge  Rodríguez  Ponce, y pidieron la intervención de Derechos Humanos ante el ayuntamiento de Tlapa, donde han enviado personas que no resuelven por la que pedían la presencia del presidente municipal.

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