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Las uniones tempranas o matrimonios infantiles forzados vulneran la dignidad de las niñas, Neil Arias Vitinio

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Carmen González Benicio

Tlapa

Octubre 2021. La asesora jurídica del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Neil Arias Vitinio consideró que las uniones tempranas o matrimonios forzados infantiles en la Montaña vulneran la dignidad de las niñas y se debe erradicar, aunque es complicado porque son consecuencia de la pobreza estructural en que se vive y atraviesa la carencia de derechos elementales como la educación o la salud.

Además de que los matrimonios por acuerdo entre familias llevan mucha carga cultural que atenta contra los derechos de las niñas en su infancia y juventud al perder el sentido que tenía dentro de los usos y costumbres al monetizarse.

Arias Vitinio lo manifestó al consultarla sobre la menor de 15 años, Angélica que fue encarcelada durante 11 días en Dos Ríos, municipio de Cochoapa el Grande por la Policía Comunitaria a solicitud de su suegro porque ya no estaba en su casa, por lo que, solicitaba le devolvieran 210 mil pesos, el doble de lo que pagó cuando la junto en matrimonio con su hijo por 120 mil pesos.

Y donde la joven contó que su suegro la corrió porque no permitió que la abusara sexualmente, hasta en cuatro ocasiones y se lo dijo a sus familiares.

Comentó que en la región la niñez sufre de violencia desde que no tiene educación o acceso a la salud al no haber medicamentos o médicos mucho menos a la recreación lo que es el problema por lo que requiere acciones transversales ya que la falta de oportunidades hace que las familias migren a los campos agrícolas como jornaleros para mejorar sus condiciones de vida.

Mencionó que el tema de los usos y costumbres en que se pretenden justificar acciones que laceran los derechos de la infancia y juventudes se debe ver desde diferentes perspectivas.

Comentó que en los casos que han documentado como Tlachinollan han observado un patrón recurrente de corrupción que se genera entre los comités de enlace de algunas autoridades o policías comunitarias y personas de las mismas comunidades que se dicen abogados que hacen uso de estas estructuras al pedirles que intervengan en los conflictos sin importarles que violenten los derechos humanos que denigran a las mujeres y niñas, como pasó con Angélica que la privaron de su libertad.

Y que lo más grave, en torno a la participación de las Policías comunitarias es que la CRAC-PC en temas de usos y costumbres y mujeres no es competente y no debe intervenir.

Pero, remarcó que estos personajes que se dicen abogados y que son de las mismas comunidades en lugar de ayudar a sus paisanos se coluden con esos sistemas y les piden que intervengan para negociar los conflictos.

Arias Vitinio comentó que tuvieron en caso similar en la misma comunidad de Joya Real y la CRAC-PC de Dos Ríos en que una mujer dejó a su esposo por lo que la familia pedía la devolución de 360 mil pesos, cuando habían entregado por ella 150 mil.

 Y que el caso lo iniciaron en la comisaría, lo pasaron a la CRAC-PC de Dos Ríos donde para presionar a la familia la encarcelaron, para que diera el dinero y, el supuesto, abogado llevó el caso a la sindicatura del ayuntamiento de Cochoapa el Grande.

“Presionan a la familia primero encerrando a todos, luego los sueltan y dejan a la mujer o niña para que busque el dinero que piden con el argumento de la devolución del dinero pagado en un matrimonio infantil por acuerdo entre familias violentado sus derechos”.

Y como, no se entregó el dinero, ya no siguieron en la sindicatura y volvieron con el tema a Dos Ríos donde estaba encarcelada la mujer y se le pidió a la sindicatura que actuara y no lo hizo y que la familia de la mujer afectada se sintió obligada a devolver el dinero y reunió los 150 mil pesos.

Y que, en ese caso, como comunidad alejada y al no trascender el caso no le dieron atención y la familia de la mujer afectada entregó la cantidad que era no “los intereses”.

Y que ahí, entró otra situación que fue el miedo, las amenazas a la integridad de las familias y que se ve en el encarcelamiento de un integrante y a eso se suman las creencias en la brujería para enfermarlos o matarlos.

En la comunidad de Yucunduta, municipio de Metlatónoc tuvieron otro caso en donde la mujer violentada y a su familia le pidieron 160 mil pesos luego de que la encarcelaron en nombre de los usos y costumbres y finalmente por miedo nuevamente a las amenazas de muerte o para no ser víctimas de brujería entregaron 80 mil pesos.

 Y que en esto casos no incidieron mucho y las familias pagaron porque los supuestos abogados que al hablar en su lengua son lo que manipulan a las familias y autoridades para que esos temas los resuelvan ahí con dinero.

Comentó que como parte de los usos y costumbres no había cuestiones monetarias, no se pedía dinero que ahora es una causa de la violencia hacia las mujeres.

Mencionó que otro factor que permite que estos temas sigan es que la Fiscalía Regional y sus ministerios públicos le dan entrada a este tipo de casos abriendo carpetas de investigación y citando a las familias para que atemorizadas paguen los que les piden y con eso no atiendan la ley para prevenir ni erradicar la violencia contra las mujeres.

Y que seguirán mientras las instituciones encargadas de aplicar justicia lo permitan.

Para concluir dijo que se debe diferenciar hablar de trata de personas o de uniones tempranas o matrimonios forzados infantiles o matrimonio infantil por acuerdo entre familias y para eso se deben conocer los detalles como en un caso de Ixtlahuazaca, donde una tía le dijo a tres de sus sobrinas que podrían ganar dinero trabajando y así las saco de su hogar y luego las vendió a un hombre que se quedó con una y a las otras dos niñas se quedaron con sus hijos.

Arias Vitinio expresó que ambas familias incurren en responsabilidades porque son las dos partes y que antes en los usos y costumbres eran cosas más simbólicas, ahora lamentablemente a las niñas y las mujeres se ven como mercancía en algunas comunidades.

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Piden al ayuntamiento de Xalpatláhuac que repare el camino que destrozó uno de sus trabajadores en San Nicolás Zoyatlán

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Carretera zoyatlán

Carmen González Benicio

Tlapa de Comonfort. 30 de noviembre de 2021. Pobladores de la comunidad de San Nicolás Zoyatlán, municipio de Xalpatláhuac exigieron a la alcaldesa priista, Selene Sotelo Maldonado que repare el camino de terracería que comunica con la carretera Tlapa-Marquelia y a la cabecera municipal porque uno de sus trabajadores excavó una zanja para impedir el paso.

Los pobladores de la comunidad nahua de San Nicolás Zoyatlán dijeron que hacían la denuncia pública porque llevan días con esa situación, al principio solo hicieron como un pozo por lo que quienes transitaban por ese camino colocaron piedras para pasarlo, pero cada día la zanja se hacía más grande y ancha hasta que alcanzó toda la carretera y terminó cerrando el paso.

Pidieron la intervención de la presidenta porque ya hablaron con los dos comisarios de la comunidad el que se identifica con el partido Morena, Pablo Mateos y el del PRI, Demetrio Roque González quienes les dijeron que no van a intervenir para habilitar este camino de terracería importante para ellos, solo por sus posturas políticas sin ver que la afectación es para todos.

Los pobladores, dijeron que Sotelo Maldonado debe intervenir porque coinciden en que quien cortó el camino es un trabajador de la dirección de agua potable del ayuntamiento de nombre Florenciano Mateos Villvalva, que tiene su terreno cercano al lugar y unos 200 metros de su casa.

Dijeron que es un servidor público que lleva trabajando los seis años del ex alcalde Rosendo Larios Rosas y ahora con su esposa, Selene Sotelo por lo que desconocen su motivación de cerrar el camino porque la comunidad de San Nicolás no tiene conflictos.

Aunque interpretaron que puede ser por el que existe en la cabecera municipal donde el ayuntamiento está tomado por unas personas y puede ser tengan terrenos de siembra por ese lugar y “a lo mejor los quieren castigar, pero nosotros no tenemos que pagar culpas ajenas”.

Y que hablaron con los hijos de Florenciano y con su papá Marcial, quien cedió el paso de vía del camino, quien les dijo que él no sabía nada, que él había dado el paso y ahora no estaba enterado y lo vieran con las autoridades.

Remarcaron que buscan se rehabilite el camino porque se viaja diario por compras como abarrotes, gasolina y por trabajo porque es una vía corta de unos dos kilómetros, con unos 10 minutos de recorrido del pueblo a la carretera Tlapa-Marquelia que los comunica con otros lugares para no dar la vuelta por Tlaquilzingo hasta Tlapa.

Por lo que pidieron que si hay conflictos entre grupos los resuelvan sin afectar a la población que se mantiene al margen como es San Nicolás, pese a su cercanía con la cabecera municipal.

Y a los comisarios de Morena, Pablo Mateos y del PRI, Demetrio Roque González que trabaja en la dirección de Obras Públicas atiendan la petición de intervenir y no se escuden en decir que no saben nada o que no se van meter porque ellos son las autoridades que deben actuar sin meter cuestiones personales o de partidos porque todos están siendo afectados.

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El SUSPEG renova la Secretaría General sin incidentes y mucha participación en la Montaña

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Elección SUSPEG renovación Secretaría General. ARM

Antonia Ramírez Marcelino

Tlapa de Comonfort. 30 de noviembre 2021. El Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG) realizó su elección sin incidentes y con mucha participación de sus agremiados para renovar a su Secretario General del Comité Central, David Martínez Mastache.

De acuerdo a uno de los integrantes del SUSPEG informó que en la región de la Montaña se instalaron cinco casillas, alrededor de las 10:00 de la mañana sin presentarse incidentes.

 Las casillas fueron ubicadas en las sedes: del Sindicato ubicada en la colonia Aviación, en el interior del Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerrerense, en el Instituto Tecnológico Superior de la Montaña, en Tlapa y en las delegaciones de Huamuxtitlán y en Malinaltepec.

Alberto Álvarez Sánchez integrante de la delegación seccional XIII informó que la contienda se desarrolló de manera pacífica, sin incidentes y con mucha participación de los agremiados.

Comentó que para que las personas se les permita votar se les pide traer el último talón de pago para comprobar que son afiliados a la sección y su credencial de elector.

Cerca de las 2: 00 de la tarde comentó que aproximadamente el 60 por ciento de la lista ya había emitido su voto de los 280 agremiados que tienen registrados

Detalló que hasta las 3:00 de la tarde podían votar, quiénes se encontrarán lejos o en sus centros de trabajo, aunque remarcó que por acuerdo del Comité Central se les otorgó el día para que todos tuvieran la oportunidad de acudir a votar.

Adelantó que algunas casillas ya habían cerrado porque todos los que estaban en la lista ya habían votado.

Fueron tres planillas que se registraron para ocupar la Secretaría General: planilla Verde, que encabeza Adela Hernández Angelito; la Guinda, Héctor Acevedo Rivera y la Naranja, Adolfo Calderón Nava.

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Se necesitan recursos para atender la violencia contra mujeres en Cochoapa el Grande: Bernardo Ponce

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Mujeresnasavicochoapa.MCGB

Carmen González Benicio

Tlapa de Comonfort. Noviembre 2021. Ante un nuevo caso de matrimonio infantil pactado por familiares en el municipio de Cochoapa el Grande, el edil del partido Verde, Bernardo Ponce García lamentó la indiferencia del gobierno estatal porque “no he tenido ninguna llamada ni por este tema ni por la inseguridad que denunciamos ante los recientes homicidios de personajes del municipio”.

Sobre la firma del convenio de la Estrategia para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Niñas y Adolescentes de la Montaña y Costa Chica que firmaron hace 15 días en Tlapa, con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda dijo que no tiene ni una copia de su contenido.

Ponce García mencionó que en su municipio los matrimonios infantiles pactados por familiares donde hay dinero o “la venta de niñas y mujeres”, como lo simplifican es complejo de atender porque se enmarca en las costumbres de las comunidades que algunos pobladores siguen, aunque se les diga que pueden configurarse como delitos.

Dijo que sabe que su municipio está en la mira estatal, nacional y hasta internacional por los casos que se difundieron en medios de comunicación sobre las niñas que han sido encarceladas como Angélica, que fue casada a los 11 años y sus padres recibieron 120 mil pesos; Anayeli, que huyó para evitar que la casaran con un desconocido, con un acuerdo de entregar 200 mil pesos.

Y que no se podían tapar esas “situaciones o costumbres” que tienen indígenas na savi del municipio y que muchas niñas o mujeres aceptan porque así lo decidió la familia, aunque ellas no estén de acuerdo, por lo que reconocía a quienes se atrevieron a denunciar y hacerlo público porque eso permitirá que las autoridades estatal y federal volteen a verlos para atenderlos realmente para poder incidir en cambios y no se siga atentando contra los derechos humanos.

Porque al momento, a casi dos meses de haber recibido el poder municipal, el municipio no cuenta con recursos específicos para eso y los de seguridad no les alcanzan, pero que hará lo posible para que en sus tres años de gobierno puedan frenarse y las iniciativas están, solo falta concretarlas

Y aunque el pasado 10 de noviembre, en Tlapa, suscribió la Estrategia para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Niñas y Adolescentes de la Montaña y Costa Chica que presentó la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda ante ONU Mujeres, Inmujeres, Conavim, el Congreso del estado, Tribunal Superior de Justicia e instituciones de derechos humanos, “no hay nada claro”.

 “No nos dieron ni una copia de la estrategia, nos dijeron que nos iban a mandar materiales que no han llegado; que íbamos a coordinarnos con las instituciones, pero no dijeron cuáles. Nadie ha dicho nada ni se han comunicado por lo que aún esperamos indicaciones”, dijo.

Sin embargo, dijo que espera que no sea solo la foto y percibe que la gobernadora tiene voluntad para atender la violencia contra las mujeres, por lo que espera que pronto se tengan delineadas las políticas de apoyo al municipio y que considera, van lentas, porque es una nueva administración estatal donde van conociendo las funciones y los recursos con que se cuentan.

Enviamos oficios a comisarios y delegados como ayuntamiento

Ponce García mencionó que como ayuntamiento iniciaron con capacitaciones a los trabajadores para que atiendan a las personas y puedan orientar a las autoridades comunitarias; y en un segundo momento, con talleres a los comisarios y delegados por ser los cercanos a la gente.

Y, como tercer punto, para que tuvieran un sustento, ante los habitantes de las comunidades, les hicieron llegar oficios donde les piden que no avalen este tipo de prácticas o acuerdos de matrimonios en las comunidades porque pueden configurarse en venta de niñas o trata.

El oficio firmado por la síndica procuradora, Hidelberta Moreno Flores en donde el asunto que se marca es para prevenir y erradicar delitos contra la mujer, les detallan artículos de La Constitución, mencionan la Convención de Belem Do Pará, sí como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW).

Y que lo hacen en atención a diversas reuniones entre los gobiernos municipal, estatal y federal, así como de derechos humanos por lo que “les solicitan en sentido más estricto como representantes de cada comunidad que eviten avalar los usos y costumbres que derivan en la compra o venta de mujeres en dónde se habla de cantidades desde 100 mil hasta 350 mil pesos”.

Porque eso se puede configurar en compraventa de una persona y constituirse como delito de trata de personas explicándoles los supuestos jurídicos y que serán requeridos si se presenta un caso a declarar ante la autoridad competente.

Remarcan que les digan a sus ciudadanos que eviten hacer esos acuerdos matrimoniales bajo los usos y costumbres porque es un delito y que si bien deben preservar la cultura como pueblos indígenas está debe ser sin violentar los derechos humanos.

Y en el municipio de Cochoapa algunas costumbres han rebasado las normas jurídicas y a las autoridades al violentar la libertad humana y de matrimonio perjudicado en su dignidad, mayoritariamente, a las mujeres y niñas.

Se necesitan recursos económicos

Agregó que para atender el tema de los matrimonios forzados se necesitan recursos económicos para atender las más de 100 comunidades del municipio que se encuentran dispersas y con ello al menos poder llevar la orientación y formación por grupos de edad, sobre todo en menores para que puedan cortar con esas prácticas.

Consideró la necesidad de construir un centro de apoyo especializado para las mujeres que han sufrido violencia que les permita estar seguras y estar cerca de casa, sin desarraigarse por temor a las agresiones.

Y que, espera se dé realmente la coordinación con las autoridades especializadas en delitos sexuales, la Secretaría la Mujer, Derechos Humanos y el respaldo de los gobiernos estatal y federal para iniciar, pero se sumen todas las que pueden hacer fortalecer las capacidades, físicas, psicológicas, educativas y hasta económicas.

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