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MONTAÑA

En Joya Real, Cochoapa el Grande encarcelaron a dos menores que sus familiares pretendían casar de manera forzada

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Carmen González Benicio

Tlapa de Comonfort. 23 de noviembre 2021. La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CEDHG) intervino en la liberación de dos menores de edad en la comunidad na savi de Joya Real del municipio de Cochoapa el Grande que sus familiares pretendían casar de manera forzada.

A través de un boletín, la Comisión de Derechos Humanos informó que este martes 23 de noviembre acudieron a la comunidad de Joya Real para la liberación de una y un menor de edad que fueron privados de su libertad y a quienes pretendían casar obligados por sus familiares.

La intervención de la Comisión, dijo, fue por una llamada anónima que permitió “atender de manera oportuna ese acto reprobable”.

De acuerdo a la información, ambos menores de aproximadamente trece años de edad, manifestaron que estaban siendo obligados a contraer matrimonio ya que sus padres habían arreglado mediante el pago una «dote».

El boletín refiere que cerca del mediodía, el delegado Regional en la Montaña de esta CDHEG, Celso Vázquez Vivar, en compañía de representantes de la Fiscalía Regional de Pueblos Indígenas, la Síndica Procuradora de Cochoapa el Grande, elementos de la Policía del Estado y de la Guardia Nacional y Policía Municipal participaron en el rescate pacífico de los menores, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para su protección, resguardo y garantizar sus derechos humanos.

Y que la CDHEG que preside Cecilia Narciso Gaytán dará puntual seguimiento al caso y refrenda su compromiso institucional para intervenir en los trabajos que se realicen en favor de la protección de los derechos de la niñez.

En las fotos que se difundieron de la comisión se observaron a abogadas del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Neil Arias Vitinio y Erika Candia.

El alcalde del partido Verde, Bernardo Ponce Flores confirmó los hechos y la intervención del ayuntamiento a través de la sindicatura para acudir a la población que encuentra en la parte baja del municipio a unas tres horas de distancia, en donde se han focalizado este tipo de prácticas de manera recurrente con los matrimonios arreglados por los padres en que hay dinero de por medio y cuando algo sale mal recurren a las autoridades locales para forzarlos a devolver los recursos mediante el encarcelamiento.

Además de varios elementos de seguridad para resguardar a los asistentes que acudieron a verificar los hechos, que comprobaron, trayéndose a los dos menores a Tlapa.

De esta comunidad es Angélica, la menor de 15 años que fue casada a los 11 años en un matrimonio arreglado, en donde los padres del varón entregaron la cantidad de 120 mil pesos.

Y el caso se supo, cuatro años después porque Angélica fue encarcelada y retenida por 10 días en la cárcel de la comunidad de Dos Ríos por la Policía Comunitaria mientras su familia conseguía el dinero que le pedían devolver y que había incrementado a 230 mil pesos, según los padres del joven.

Ante la falta de dinero, los padres fueron dejados en libertad para conseguirlo, ofreciendo 50 mil pesos por la libertad de Angélica que se quedó en el lugar y que ella, explicó a El Sur, que podían dar ya que haciendo cuentas en los cuatro años había trabajado como jornalera y su suegro cobraba su salario por lo que con eso se cubría lo que pedían.  

Además de que ella se fue de la casa de quien era su marido porque su suegro, quien ahora está preso y vinculado a proceso, intentó violarla en cuatro ocasiones y al acusarlo con sus familiares la corrió de la casa luego de que nuevamente se resistiera a ser abusada.

Al pasar de los meses, su suegro pidió la intervención de la Policía Comunitaria para que le devolvieran el dinero gastado en el matrimonio de su hijo, quien hace más de un año que se fue a los Estados Unidos, por lo que toda la familia de Angélica fue encarcelada unas horas y luego dejados en libertad para conseguir el dinero.

Angélica se quedó en la comisaria de Dos Ríos donde, estuvo encarcelada unos días, luego la sacaban al corredor sin que pudiera irse del lugar hasta que llegaran con el dinero.

Por esto, la mamá de Angélica tuvo un aborto espontaneo en el camino. La menor contó que no vio que en el lugar los policías comunitarios agredieran a su mamá, ni a ella la maltrataron y que se enteró después que su mamá había sido hospitalizada en Ometepec por la pérdida de sus trillizos.

En esas comunidades se camina de un pueblo a otro, de distancias largas, porque no hay transporte, tienen que pagar si alguien los lleva, pero no siempre quieren, son caminos agrestes de subir y bajar.

Finalmente fue liberada con la intervención de la Comisión de Derechos Humanos, de la Secretaría de Asuntos Indígenas y del ayuntamiento de Cochoapa el Grande que llegaron al lugar.

Por ese tema, ahora también están retenidos en la casa de justicia de San Luis Acatlán, los coordinadores de la Policía de Dos Ríos, Daniel Alberto y Carlos Martínez que enfrentan una investigación por haber intervenido en un tema de particulares que no está en su reglamento.

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Piden al ayuntamiento de Xalpatláhuac que repare el camino que destrozó uno de sus trabajadores en San Nicolás Zoyatlán

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Carretera zoyatlán

Carmen González Benicio

Tlapa de Comonfort. 30 de noviembre de 2021. Pobladores de la comunidad de San Nicolás Zoyatlán, municipio de Xalpatláhuac exigieron a la alcaldesa priista, Selene Sotelo Maldonado que repare el camino de terracería que comunica con la carretera Tlapa-Marquelia y a la cabecera municipal porque uno de sus trabajadores excavó una zanja para impedir el paso.

Los pobladores de la comunidad nahua de San Nicolás Zoyatlán dijeron que hacían la denuncia pública porque llevan días con esa situación, al principio solo hicieron como un pozo por lo que quienes transitaban por ese camino colocaron piedras para pasarlo, pero cada día la zanja se hacía más grande y ancha hasta que alcanzó toda la carretera y terminó cerrando el paso.

Pidieron la intervención de la presidenta porque ya hablaron con los dos comisarios de la comunidad el que se identifica con el partido Morena, Pablo Mateos y el del PRI, Demetrio Roque González quienes les dijeron que no van a intervenir para habilitar este camino de terracería importante para ellos, solo por sus posturas políticas sin ver que la afectación es para todos.

Los pobladores, dijeron que Sotelo Maldonado debe intervenir porque coinciden en que quien cortó el camino es un trabajador de la dirección de agua potable del ayuntamiento de nombre Florenciano Mateos Villvalva, que tiene su terreno cercano al lugar y unos 200 metros de su casa.

Dijeron que es un servidor público que lleva trabajando los seis años del ex alcalde Rosendo Larios Rosas y ahora con su esposa, Selene Sotelo por lo que desconocen su motivación de cerrar el camino porque la comunidad de San Nicolás no tiene conflictos.

Aunque interpretaron que puede ser por el que existe en la cabecera municipal donde el ayuntamiento está tomado por unas personas y puede ser tengan terrenos de siembra por ese lugar y “a lo mejor los quieren castigar, pero nosotros no tenemos que pagar culpas ajenas”.

Y que hablaron con los hijos de Florenciano y con su papá Marcial, quien cedió el paso de vía del camino, quien les dijo que él no sabía nada, que él había dado el paso y ahora no estaba enterado y lo vieran con las autoridades.

Remarcaron que buscan se rehabilite el camino porque se viaja diario por compras como abarrotes, gasolina y por trabajo porque es una vía corta de unos dos kilómetros, con unos 10 minutos de recorrido del pueblo a la carretera Tlapa-Marquelia que los comunica con otros lugares para no dar la vuelta por Tlaquilzingo hasta Tlapa.

Por lo que pidieron que si hay conflictos entre grupos los resuelvan sin afectar a la población que se mantiene al margen como es San Nicolás, pese a su cercanía con la cabecera municipal.

Y a los comisarios de Morena, Pablo Mateos y del PRI, Demetrio Roque González que trabaja en la dirección de Obras Públicas atiendan la petición de intervenir y no se escuden en decir que no saben nada o que no se van meter porque ellos son las autoridades que deben actuar sin meter cuestiones personales o de partidos porque todos están siendo afectados.

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El SUSPEG renova la Secretaría General sin incidentes y mucha participación en la Montaña

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Elección SUSPEG renovación Secretaría General. ARM

Antonia Ramírez Marcelino

Tlapa de Comonfort. 30 de noviembre 2021. El Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG) realizó su elección sin incidentes y con mucha participación de sus agremiados para renovar a su Secretario General del Comité Central, David Martínez Mastache.

De acuerdo a uno de los integrantes del SUSPEG informó que en la región de la Montaña se instalaron cinco casillas, alrededor de las 10:00 de la mañana sin presentarse incidentes.

 Las casillas fueron ubicadas en las sedes: del Sindicato ubicada en la colonia Aviación, en el interior del Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerrerense, en el Instituto Tecnológico Superior de la Montaña, en Tlapa y en las delegaciones de Huamuxtitlán y en Malinaltepec.

Alberto Álvarez Sánchez integrante de la delegación seccional XIII informó que la contienda se desarrolló de manera pacífica, sin incidentes y con mucha participación de los agremiados.

Comentó que para que las personas se les permita votar se les pide traer el último talón de pago para comprobar que son afiliados a la sección y su credencial de elector.

Cerca de las 2: 00 de la tarde comentó que aproximadamente el 60 por ciento de la lista ya había emitido su voto de los 280 agremiados que tienen registrados

Detalló que hasta las 3:00 de la tarde podían votar, quiénes se encontrarán lejos o en sus centros de trabajo, aunque remarcó que por acuerdo del Comité Central se les otorgó el día para que todos tuvieran la oportunidad de acudir a votar.

Adelantó que algunas casillas ya habían cerrado porque todos los que estaban en la lista ya habían votado.

Fueron tres planillas que se registraron para ocupar la Secretaría General: planilla Verde, que encabeza Adela Hernández Angelito; la Guinda, Héctor Acevedo Rivera y la Naranja, Adolfo Calderón Nava.

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Se necesitan recursos para atender la violencia contra mujeres en Cochoapa el Grande: Bernardo Ponce

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Mujeresnasavicochoapa.MCGB

Carmen González Benicio

Tlapa de Comonfort. Noviembre 2021. Ante un nuevo caso de matrimonio infantil pactado por familiares en el municipio de Cochoapa el Grande, el edil del partido Verde, Bernardo Ponce García lamentó la indiferencia del gobierno estatal porque “no he tenido ninguna llamada ni por este tema ni por la inseguridad que denunciamos ante los recientes homicidios de personajes del municipio”.

Sobre la firma del convenio de la Estrategia para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Niñas y Adolescentes de la Montaña y Costa Chica que firmaron hace 15 días en Tlapa, con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda dijo que no tiene ni una copia de su contenido.

Ponce García mencionó que en su municipio los matrimonios infantiles pactados por familiares donde hay dinero o “la venta de niñas y mujeres”, como lo simplifican es complejo de atender porque se enmarca en las costumbres de las comunidades que algunos pobladores siguen, aunque se les diga que pueden configurarse como delitos.

Dijo que sabe que su municipio está en la mira estatal, nacional y hasta internacional por los casos que se difundieron en medios de comunicación sobre las niñas que han sido encarceladas como Angélica, que fue casada a los 11 años y sus padres recibieron 120 mil pesos; Anayeli, que huyó para evitar que la casaran con un desconocido, con un acuerdo de entregar 200 mil pesos.

Y que no se podían tapar esas “situaciones o costumbres” que tienen indígenas na savi del municipio y que muchas niñas o mujeres aceptan porque así lo decidió la familia, aunque ellas no estén de acuerdo, por lo que reconocía a quienes se atrevieron a denunciar y hacerlo público porque eso permitirá que las autoridades estatal y federal volteen a verlos para atenderlos realmente para poder incidir en cambios y no se siga atentando contra los derechos humanos.

Porque al momento, a casi dos meses de haber recibido el poder municipal, el municipio no cuenta con recursos específicos para eso y los de seguridad no les alcanzan, pero que hará lo posible para que en sus tres años de gobierno puedan frenarse y las iniciativas están, solo falta concretarlas

Y aunque el pasado 10 de noviembre, en Tlapa, suscribió la Estrategia para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Niñas y Adolescentes de la Montaña y Costa Chica que presentó la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda ante ONU Mujeres, Inmujeres, Conavim, el Congreso del estado, Tribunal Superior de Justicia e instituciones de derechos humanos, “no hay nada claro”.

 “No nos dieron ni una copia de la estrategia, nos dijeron que nos iban a mandar materiales que no han llegado; que íbamos a coordinarnos con las instituciones, pero no dijeron cuáles. Nadie ha dicho nada ni se han comunicado por lo que aún esperamos indicaciones”, dijo.

Sin embargo, dijo que espera que no sea solo la foto y percibe que la gobernadora tiene voluntad para atender la violencia contra las mujeres, por lo que espera que pronto se tengan delineadas las políticas de apoyo al municipio y que considera, van lentas, porque es una nueva administración estatal donde van conociendo las funciones y los recursos con que se cuentan.

Enviamos oficios a comisarios y delegados como ayuntamiento

Ponce García mencionó que como ayuntamiento iniciaron con capacitaciones a los trabajadores para que atiendan a las personas y puedan orientar a las autoridades comunitarias; y en un segundo momento, con talleres a los comisarios y delegados por ser los cercanos a la gente.

Y, como tercer punto, para que tuvieran un sustento, ante los habitantes de las comunidades, les hicieron llegar oficios donde les piden que no avalen este tipo de prácticas o acuerdos de matrimonios en las comunidades porque pueden configurarse en venta de niñas o trata.

El oficio firmado por la síndica procuradora, Hidelberta Moreno Flores en donde el asunto que se marca es para prevenir y erradicar delitos contra la mujer, les detallan artículos de La Constitución, mencionan la Convención de Belem Do Pará, sí como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW).

Y que lo hacen en atención a diversas reuniones entre los gobiernos municipal, estatal y federal, así como de derechos humanos por lo que “les solicitan en sentido más estricto como representantes de cada comunidad que eviten avalar los usos y costumbres que derivan en la compra o venta de mujeres en dónde se habla de cantidades desde 100 mil hasta 350 mil pesos”.

Porque eso se puede configurar en compraventa de una persona y constituirse como delito de trata de personas explicándoles los supuestos jurídicos y que serán requeridos si se presenta un caso a declarar ante la autoridad competente.

Remarcan que les digan a sus ciudadanos que eviten hacer esos acuerdos matrimoniales bajo los usos y costumbres porque es un delito y que si bien deben preservar la cultura como pueblos indígenas está debe ser sin violentar los derechos humanos.

Y en el municipio de Cochoapa algunas costumbres han rebasado las normas jurídicas y a las autoridades al violentar la libertad humana y de matrimonio perjudicado en su dignidad, mayoritariamente, a las mujeres y niñas.

Se necesitan recursos económicos

Agregó que para atender el tema de los matrimonios forzados se necesitan recursos económicos para atender las más de 100 comunidades del municipio que se encuentran dispersas y con ello al menos poder llevar la orientación y formación por grupos de edad, sobre todo en menores para que puedan cortar con esas prácticas.

Consideró la necesidad de construir un centro de apoyo especializado para las mujeres que han sufrido violencia que les permita estar seguras y estar cerca de casa, sin desarraigarse por temor a las agresiones.

Y que, espera se dé realmente la coordinación con las autoridades especializadas en delitos sexuales, la Secretaría la Mujer, Derechos Humanos y el respaldo de los gobiernos estatal y federal para iniciar, pero se sumen todas las que pueden hacer fortalecer las capacidades, físicas, psicológicas, educativas y hasta económicas.

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