Tlapa, Guerrero; México. 26 de septiembre de 2019. Por: Carmen González Benicio. La senadora Nestora Salgado García dijo que se debe abordar el tema de las desapariciones forzadas no sólo de los 43 estudiantes de Ayotzinapa sino de los miles que hay en el país producto de la impunidad
En conferencia desde el Senado lamentó la muy grave colusión entre autoridades y organizaciones criminales que ocasionó la privación de la vida de 6 personas, la alteración de la salud y lesión física de otras 42 y la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, los días 26 y 27 de septiembre de 2014, en la ciudad de Iguala.
Dijo que en Guerrero como en el resto del país, “tenemos
que abordar de manera puntual el tema de las desapariciones forzadas, porque es
un problema de índole nacional que lastima de manera grave la unidad familiar y
social” y que es grave no sólo por la frecuencia con que el fenómeno se comete,
sino por las consecuencias que tiene en las personas que sufren por este crimen
y el impacto general en la sociedad.
Mencionó que duele Guerrero, pero no se debe olvidar a
los miles de personas desaparecidas en los últimos años.
Comentó que la verdad en el “Caso Iguala” es una y no puede estar sujeta a coyunturas o intereses de ninguna índole, más que al compromiso de que las víctimas obtengan la justicia y reparación a la que tienen derecho y la fecha no hay personas condenadas por el tipo delictivo de desaparición forzada, ni se han esclarecido las irregularidades en la investigación.
Recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
manifestó su profunda preocupación porque después de un tiempo significativo no
hay respuestas sobre lo ocurrido y por las decisiones judiciales que condujeron
a las recientes liberaciones de personas presuntamente vinculadas con los
hechos y que podrían tener información valiosa sobre el paradero de los
estudiantes.
Y comparte que la Comisión Interamericana urgiera al Estado
a avanzar con celeridad y cumplir las recomendaciones que se le han presentado,
en el marco de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Expresó que es importante atender esta problemática de
manera integral y coordinada con la responsabilidad de todas las autoridades;
actuando con sensibilidad ante el dolor e indignación de quienes desconocen el
paradero de un ser querido; generar espacios de interlocución entre todas las
partes involucradas, en particular con las familias, a fin de facilitar el
intercambio de información.
Dijo que atender este tema es prioridad de la presente
administración federal, porque refleja la crisis de derechos humanos que ha
enfrentado el país en los últimos años por lo que se debe saludar la creación
de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa,
a partir del Decreto Presidencial de diciembre de 2018, donde las familias
cumplen un importante rol de coadyuvancia.
Al igual que la creación en junio del presente año, de la
Unidad Especial de Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa de la
Fiscalía General de la República, que ha anunciado la importancia de la
reconducción de las investigaciones, incluyendo los procesos judiciales
existentes y las irregularidades en el caso.
Reiteró que es indispensable que el Estado mexicano continúe asumiendo su deber de realizar búsquedas exhaustivas de las personas desaparecidas; cuente con instituciones adecuadas para la acción de «buscar», así como para investigar los hechos constitutivos de delito; llevar a los responsables ante la justicia y asegurar reparaciones integrales y adecuadas para las víctimas de estas graves violaciones.
Y que es urgente generar cambios estructurales que permitan
dar con el paradero de las personas desaparecidas en México y comenzar a romper
los ciclos de impunidad.