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11 años de impunidad militar por la ejecución extrajudicial del nahua de Tlatzala, Tlapa Bonfilio Rubio Villegas

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Tlapa, Guerrero, México. Junio 2020. Redacción.El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Robert F. Kennedy Human Rights condenaron 11 años de impunidad castrense por la ejecución extrajudicial del nahua Bonfilio Rubio Villegas, cuando viajaba en un autobús atacado a balazos en Huamuxtitlán.

Lo anterior en un comunicado de prensa que emitieron ambas organizaciones defensoras de derechos humanos en que señalan que el asesinato de Bonfilio ilustra el impacto de la militarización de la seguridad y la continuación de la estrategia fallida de seguridad pública en el México.

Las organizaciones remarcaron que el caso de Bonfilio retoma relevancia ante la reiteración de la estrategia de militarización de la seguridad pública por parte de la actual Administración en México, de Andrés Manuel López Obrador.

Ya que el pasado 11 de mayo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de materia extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.

Por lo que consideraron que, con este acuerdo presidencial, se extralimitan las facultades de las fuerzas armadas y se autoriza su despliegue en todo el país, permitiéndoles ejecutar detenciones, asegurar bienes, realizar control migratorio y su permanencia en las calles que se venía dando de facto con la Guardia Nacional.

Y que eso se da, sin que exista una estrategia para el retiro paulatino de las fuerzas armadas, ni controles civiles y mecanismos de rendición de cuentas, además de publicarse en pleno contexto de la contingencia sanitaria, lo que imposibilitó su escrutinio y debate público.

Señalaron que con esto se vuelve a imponer el modelo de militarización del país que visto en administraciones pasadas y que han demostrado durante años no ser efectivo.

Consideraron que esta estrategia de seguridad fallida continuará perpetuando el pacto de impunidad que gozan las fuerzas armadas y que casos como los de Bonfilio no alcancen justicia en México como muchos otros que están marcados por un contexto de pobreza, desigualdad, militarización e impunidad.

Pidieron que se tomen las recomendaciones de mecanismos internacionales para que se haga el retiro paulatino de las fuerzas armadas; que su actuación tenga la supervisión de una autoridad civil, así como mecanismos para el fortalecimiento de las policías estatales y municipales.

Mencionaron que como organizaciones seguirán luchando para que el caso de Bonfilio sea investigado correctamente y que las personas responsables de la ejecución extrajudicial sean detenidas y enjuiciadas por estos hechos y la impunidad castrense no continúe.

Un viaje en respuesta ante la falta de oportunidades en la región

El comunicado relata que el 20 de junio de 2009, fue ejecutado extrajudicialmente en un retén militar el joven nahua de Tlatzala, municipio de Tlapa, Bonfilio Rubio Villegas quien viajaba a bordo de un autobús de la línea “El Sur” con rumbo a la Ciudad de México, como parte de su camino hacia los Estados Unidos de América.

El autobús en donde viajaba fue detenido alrededor de las 22:30 en un retén militar ilegal, con el argumento de “revisión de rutina”. Ahí detuvieron arbitrariamente a uno de los pasajeros por llevar botas tipo militar y al retomar su camino, los elementos castrenses dispararon sus armas de fuego hacia el autobús, ejecutando en ese instante a Bonfilio.

A partir de ese momento, la familia de Bonfilio inició una travesía por alcanzar justicia que su caso fue conocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien emitió una sentencia histórica en la que declaró inconstitucional el artículo 57 del Código Penal Militar y ordenó que el caso fuese conocido en la justicia civil.

Sin embargo, aunque la investigación se trasladó al fuero civil, la línea de investigación impulsada en el fuero militar se mantuvo, por lo que en 2014 se absolvió al único militar procesado.

Describieron que, ante la imposibilidad de acceder a la justicia en México, en enero de 2017 la familia acudió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con una petición que detalla las violaciones a derechos humanos en el caso, incluyendo al derecho a la vida y a la integridad personal, así como a las garantías judiciales y la debida protección judicial, todos ellos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Lamentaron que, pese a estos casos, se continúe con la estrategia fallida de militarizar la seguridad pública en el México con el acuerdo presidencial del 11 de mayo.

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Marchan mujeres en Tlapa a favor de la despenalización del aborto

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Sebastian Guerra Soto

Tlapa, Guerrero. 7 de mayo de 2022.- Durante la tarde de hoy, un grupo de feministas se reunió al exterior de la sede del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en Tlapa, para después avanzar hasta el Palacio Municipal, en donde llevó a cabo un mitin.

La marcha tiene lugar tras la propuesta de reforma al artículo 159 del Código Penal de Guerrero, la cual despenalizaría el aborto en el estado y que será votada en el pleno el próximo miércoles.

Durante el recorrido, las mujeres lanzaron consignas a favor de la maternidad deseada, además de desplegar mantas en donde exigieron a los diputados votar a favor de la propuesta. El contingente estuvo conformado en su mayoría por jóvenes, además de madres acompañadas por sus hijas.

Así mismo, conductores de servicio público confrontaron a las manifestantes, agrediéndolas verbalmente y conminándolas a dejar de protestar para despenalizar el aborto y “mejor usar condón”.

Cabe señalar que la manifestación no contó con vigilancia policial durante el recorrido.

Una vez en el ayuntamiento, las feministas replicaron el comunicado que distintas colectivas presentaron de manera presencial y virtual el martes pasado, en el cual respaldaron la iniciativa de decreto para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones del Código Penal Estatal en materia de aborto, que impulsaron las diputadas locales de Morena, Gloria Citlali Calixto Jiménez, Nora Velázquez Martínez y Beatriz Mojica Morga.

Finalmente, subrayaron que la iniciativa “es acorde a las recomendaciones realizadas por organismos Internacionales de Derechos Humanos al Estado Mexicano”; y también se pronunciaron contra la criminalización de la interrupción legal del embarazo y exigieron a los diputados locales a aprobar el decreto.

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Llaman feministas al Congreso de Guerrero a legislar a favor del aborto

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Sebastian Guerra Soto.

Tlapa, Guerrero. 3 de mayo de 2022.– La mañana de este martes, un grupo de mujeres pertenecientes a la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres hicieron un llamado a los diputados que votarán la iniciativa que despenaliza el aborto en el estado de Guerrero.

En conferencia de prensa, las activistas leyeron un comunicado en donde se exhorta a los legisladores a aprobar la reforma al artículo 159 del código penal del estado para así garantizar la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación.

Esta iniciativa, se afirma en el comunicado, “es acorde a las recomendaciones realizadas por organismos Internacionales de Derechos Humanos al Estado Mexicano, tal es el caso del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) para acelerar la armonización de leyes y protocolos para garantizar el acceso a la interrupción legal del embarazo”; por otro lado, “responde a la reciente resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que señala que la criminalización del aborto es anticonstitucional, y recupera la importancia de la laicidad como una cualidad democrática fundamental”.

“A nivel nacional, según datos del INEGI, en 2018 se registraron 23 muertes maternas; en 2019, 40; y en el 2020, 47; lo que representa un incremento de 104.4 % y de ahí la necesidad de reformar las leyes, estatutos y códigos para armonizarlos con el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, niñas y adolescentes”, agregaron.

Las feministas afirmaron que han tenido acercamientos con algunas diputadas, específicamente con Citlali Calixto, quien fue una de las principales impulsoras de la reforma, y tienen esperanza de que la votación sea favorable: “La iniciativa estuvo parada mucho tiempo y no había habido un avance hasta ahora que cambió el gobierno, y que la gobernadora ha expresado su postura a favor de erradicar matrimonios forzados y prevenir embarazos adolescentes, por lo que estamos esperanzadas. Es un panorama esperanzador”.

En cuanto al tema regional, afirmaron que la organización DDSER (Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México), acompañó entre 3 y 4 casos al mes, en tiempos de pandemia, de interrupción voluntaria y legal del embarazo; por lo que exigieron a los diputados de la región: María Flores, Macedonio Mendoza, Leticia Mosso y Raymundo García, que legislen a favor de los derechos reproductivos de las mujeres, niñas y adolescentes de la Montaña: “Las mujeres de la Montaña atraviesan por varias circunstancias (…) aquí siempre se ha tenido una deuda histórica porque los diputados siempre han olvidado esa parte y tienen un compromiso para con las mujeres. Es momento de reivindicar su posición al aborto”. Aquí en la montaña existen prácticas de costumbres que violentan a las mujeres y las niñas. Ninguna mujer debe estar presa por abortar”.

En cuanto al tema del incremento de feminicidios en la región, comentaron: “pedimos justicia y no impunidad. Que la procuraduría no solape y se ponga a trabajar. En Tlapa hay varias denuncias y se les da carpetazo. No hay continuidad. Para eso uno les tiene que estar pagando: ¿cómo les vamos a pagar por hacer su trabajo?”

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Cumple tres días bloqueo en la Tlapa-Chilapa; buscan reconocimiento de delegado.

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Carmen González Benicio 

Tlapa, Guerrero. 29 de abril de 2022. Nahuas de la colonia Cruz Grande, de Tres Caminos, municipio de Tlapa, cumplieron tres días bloqueando la carretera Tlapa-Chilapa porque el ayuntamiento se niega a reconocer a su delegado ya que no pertenecen a su grupo político, dijeron.

Contaron que en enero participaron en la convocatoria que emitió el ayuntamiento para elegir delegados y comisarios para el 2022, por lo que acudieron a Tlapa para registrar su planilla, dándoles el número dos y, como titular, Francisco Villa Esperan.

El día de la votación acudieron a la delegación pero, al llegar, se les impidió, sacándolos a empujones con el argumento de que no vivían en la colonia porque no tenían casas, sin embargo, tienen terrenos, por lo que tienen derecho, “pero los del ayuntamiento nos desconocieron, trajeron policías que nos sacaron a empujones de la delegación”.

Señalaron al secretario general, Joaquín  Álvarez, de ser quien les negó su participación  en su condición de representante del ayuntamiento, pese a que eran más de 100 personas y la otra planilla, con Agustín Salvador Villa a la cabeza, era de 25.

Al no permitirles votar por usos y costumbres, es decir en votación a mano alzada, acudieron el 29 de enero al ayuntamiento a dejar su impugnación en la Secretaría General, pidiendo que se hiciera la elección porque les habían negado sus derechos.

La respuesta del Ayuntamiento fue la de llamarlos para organizar una reunión y resolver su exigencia, sin embargo, una vez ahí, les dijeron que “mejor se sumaran a la planilla que ellos reconocían”, a lo que respondieron: “No nos vamos a sumar a quien tiene minoría, además de que se nos violentaron nuestros derechos al no dejarnos participar”. 

Dijeron que pidieron se hiciera nueva elección o ellos se sumaran porque eran minoría, sin que se resolviera nada porque “al ser su gente les daban el lado”.

Remarcaron que el ayuntamiento y el presidente, Gilberto  Solano Arreaga, «respaldan a su gente priista porque a nosotros nos identifican con Morena y por eso no los quieren reconocer».

Agregaron que, ante la falta de respuesta y la cerrazón del ayuntamiento por darles solución, pese a que su exigencia era una elección donde los dejaran votar,  decidieron bloquear la carretera, pues ya pasaron cuatro meses y ahora piden el reconocimiento de Francisco Villa como delegado, porque son mayoría.

Lamentaron que el presidente Gilberto Solano Arreaga no acudiera para atenderlos porque el conflicto lo generaron desde el  ayuntamiento al no permitirles votar a pesar de que cumplieron los requisitos como planilla y evitar que ahí en la asamblea “se viera quién ganaría”.

A tres días de bloqueo tampoco los ha buscado y, en lugar de atender los problemas, se dedique a andar repartiendo juguetes, con lo cual, afirmaron, no están en contra, pero debe atender de manera directa lo que sus colaboradores no pueden porque “ él tiene facultades”.

«Le da la vuelta a los problemas, hoy no pasó por aquí  para ir a Ayotzinapa a dejar  juguetes, se fue  por Copanatoyac, ya vimos».

“Ya llevamos cuatro meses sin que nos den una respuesta sobre el reconocimiento de nuestro delegado Francisco y no nos vamos a quitar hasta que nos atiendan”.
Dieron a conocer  que quien está mediando el conflicto es el delegado regional de Gobernación, Jorge  Rodríguez  Ponce, y pidieron la intervención de Derechos Humanos ante el ayuntamiento de Tlapa, donde han enviado personas que no resuelven por la que pedían la presencia del presidente municipal.

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