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Se niega el Ejército a pagar daños a carros por choque en Tlapa; el municipio se desentiende del peritaje

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Tlapa, Guerrero, México. 25 de septiembre de 2019. Por: Carmen González. Las personas afectadas por el choque de una patrulla militar del 93 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) denunciaron que el Coronel Carlos Irineo Mejía Banda se niega a pagar los daños y los intimidan como ocurrió el día del incidente en que no permitieron que se realizará el peritaje.

Y en el Ministerio Público muestran reticencia a realizar los actos de investigación, requiriéndole pagos para compra de hojas, tóner y 800 pesos para las copias.

Ante eso y a más de 10 días sin respuesta, los afectados: Jorge Salgado Hernández, Mauricio Reyes Galicia, Roberto Espinobarros Huerta y Teresa Díaz Hernández pidieron la intervención de las autoridades superiores para que honren la palabra del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de que el ejército esta para proteger a la población y no para causarle daños.

Los afectados recordaron que el 13 de septiembre el vehículo militar iba escoltando al Coronel Mejía Banda, quien se dirigía al acto cívico para conmemorar a Los Niños Héroes de Chapultepec, a unos metros del accidente.

Y que Mejía Banda se percató del daño que ocasionó el segundo vehículo que lo escoltaba y regresó a hablar con ellos diciéndoles que se harían responsables de todos los gastos, pero les pidió que los vehículos fueran retirados del lugar, se los llevarán a sus domicilios con la grúa que ellos aportarían y que personal de la aseguradora Qualitas verificaría los daños de cada unidad.

Los afectados mencionaron que no estuvieron de acuerdo con esa propuesta del Coronel porque no confiaban en que repararían los daños ya que no dejaban que interviniera Tránsito municipal ni otra autoridad civil.

Por lo que le propusieron que se llevaran sus unidades al batallón para que ellos se encargaran de arreglarlas, pero el Mejía Banda ya no se quedó en el lugar y comisionó al teniente Alexis para que le diera seguimiento al asunto, reiterándoles que la aseguradora cubriría todos los gastos de los daños ocasionados.

Al final, la grúa se llevó los vehículos a un corralón, en el entendido de que el ejército asumiría todos los gastos, al impedir que los agentes de Tránsito realizaran las investigaciones y los peritajes.

Contaron que el sábado 14 de septiembre fueron citados al batallón para darle seguimiento, pero no los atendió el Coronel y quien estuvo con ellos le dijo que el ejército no tenía nada que ver en ese asunto y que la culpa era del taxista que se había atravesado y, ahora, esperarían que la aseguradora determinara los daños.

Ante eso, los agraviados acudieron a la Agencia del Ministerio Público del fuero común donde interpusieron denuncia formal por el delito de daños por tránsito terrestre, en agravio de Jorge Salgado Hernández, Mauricio Reyes Galicia, Roberto Espinobarros Huerta y Teresa Díaz Hernández por lo que se abrió la carpeta de investigación número 12080440600522140919.

Se quejaron de que el Ministerio Público se muestra reticente a realizar actos de investigación, requiriéndole pagos para compra de hojas, toner y 800 pesos para las copias.

Y la aseguradora Qualitas les está pidiendo que presenten un peritaje de tránsito terrestre para que se determine si los militares fueron quienes provocaron el incidente, sin embargo, este trabajo no se realizó en tiempo y forma porque los militares se opusieron a que los oficiales de Tránsito municipal que estuvieron presentes realizaran las investigaciones.

Lamentaron que a 10 días no tengan respuesta y el Coronel Carlos Irineo Mejía Banda no tenga palabra al desentenderse del caso y el teniente Alexis, que dejó como responsable, tenga una actitud hostil contra los agraviados y les diga que ellos no son los responsables del accidente por lo que solicitaran la intervención del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan para resguardar su integridad.

Las personas afectadas que interpusieron la denuncia demandan que se reparen los daños, se cubran los gastos ocasionados por el arrastre de la grúa y el pago del corralón, y el pago de las pérdidas ocasionadas durante estos diez días que dejaron de trabajar.

El día del accidente: 13 de septiembre

El pasado 13 de septiembre, como a las 9:30 de la mañana la patrulla de la Sedena, tipo Cheyenne con matricula 0893309 que conducía el oficial Felipe Gallo Villanueva se impactó con varios vehículos uno en circulación y otros estacionados en la calle Donato Miranda Fonseca, entre la Gálvez y la Morelos y las escuelas primarias Ignacio Manuel Altamirano y Lázaro Cárdenas.

La patrulla primero se impactó con el taxi número 173, del sitio 16 de septiembre que circulaba por la calle aventándolo y causándole daños en la parte delantera derecha. Y siguió pegándole a al vehículo marca Chevrolet Cavalier color blanco, modelo 1998; dos motocicletas; una camioneta Nissan doble cabina color blanca, modelo 2012; otro vehículo de la Chevrolet marca Optra color vino, modelo 2007 y, por último, dañó una motocicleta Italika color roja, modelo 2018.

En este accidente uno de los vehículos quedó doblado a la mitad y los otros dos sufrieron daños considerables en el lado derecho donde se impactó la patrulla militar.

Los militares no permitían que se tomaran fotografías del accidente, en un primer momento; se observó que estaban elementos de Tránsito municipal, pero no hacían nada, llegaron de Tránsito estatal, una grúa y varios militares que resguardaban el lugar, donde se vio al coronel al término de la ceremonia, quien con señas dijo que no daría declaraciones.

El presidente, Dionicio Merced Pichardo García al ser consultado respondió que desconocía el asunto y se informaría, ante la pregunta de la forma en que realizaría la investigación y el pago de daños a los afectados porque los militares, de acuerdo a unas personas, no dejaban que interviniera Tránsito municipal  y él dijo que era un caso del fuero común y que no había privilegios para nadie y se actuaría conforme a La Constitución, pero sus elementos de Tránsito no documentaron el caso y los militares les prohibieron tomar fotos, de acuerdo a un testigo.

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Marchan mujeres en Tlapa a favor de la despenalización del aborto

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Sebastian Guerra Soto

Tlapa, Guerrero. 7 de mayo de 2022.- Durante la tarde de hoy, un grupo de feministas se reunió al exterior de la sede del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en Tlapa, para después avanzar hasta el Palacio Municipal, en donde llevó a cabo un mitin.

La marcha tiene lugar tras la propuesta de reforma al artículo 159 del Código Penal de Guerrero, la cual despenalizaría el aborto en el estado y que será votada en el pleno el próximo miércoles.

Durante el recorrido, las mujeres lanzaron consignas a favor de la maternidad deseada, además de desplegar mantas en donde exigieron a los diputados votar a favor de la propuesta. El contingente estuvo conformado en su mayoría por jóvenes, además de madres acompañadas por sus hijas.

Así mismo, conductores de servicio público confrontaron a las manifestantes, agrediéndolas verbalmente y conminándolas a dejar de protestar para despenalizar el aborto y “mejor usar condón”.

Cabe señalar que la manifestación no contó con vigilancia policial durante el recorrido.

Una vez en el ayuntamiento, las feministas replicaron el comunicado que distintas colectivas presentaron de manera presencial y virtual el martes pasado, en el cual respaldaron la iniciativa de decreto para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones del Código Penal Estatal en materia de aborto, que impulsaron las diputadas locales de Morena, Gloria Citlali Calixto Jiménez, Nora Velázquez Martínez y Beatriz Mojica Morga.

Finalmente, subrayaron que la iniciativa “es acorde a las recomendaciones realizadas por organismos Internacionales de Derechos Humanos al Estado Mexicano”; y también se pronunciaron contra la criminalización de la interrupción legal del embarazo y exigieron a los diputados locales a aprobar el decreto.

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Llaman feministas al Congreso de Guerrero a legislar a favor del aborto

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Sebastian Guerra Soto.

Tlapa, Guerrero. 3 de mayo de 2022.– La mañana de este martes, un grupo de mujeres pertenecientes a la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres hicieron un llamado a los diputados que votarán la iniciativa que despenaliza el aborto en el estado de Guerrero.

En conferencia de prensa, las activistas leyeron un comunicado en donde se exhorta a los legisladores a aprobar la reforma al artículo 159 del código penal del estado para así garantizar la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación.

Esta iniciativa, se afirma en el comunicado, “es acorde a las recomendaciones realizadas por organismos Internacionales de Derechos Humanos al Estado Mexicano, tal es el caso del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) para acelerar la armonización de leyes y protocolos para garantizar el acceso a la interrupción legal del embarazo”; por otro lado, “responde a la reciente resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que señala que la criminalización del aborto es anticonstitucional, y recupera la importancia de la laicidad como una cualidad democrática fundamental”.

“A nivel nacional, según datos del INEGI, en 2018 se registraron 23 muertes maternas; en 2019, 40; y en el 2020, 47; lo que representa un incremento de 104.4 % y de ahí la necesidad de reformar las leyes, estatutos y códigos para armonizarlos con el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, niñas y adolescentes”, agregaron.

Las feministas afirmaron que han tenido acercamientos con algunas diputadas, específicamente con Citlali Calixto, quien fue una de las principales impulsoras de la reforma, y tienen esperanza de que la votación sea favorable: “La iniciativa estuvo parada mucho tiempo y no había habido un avance hasta ahora que cambió el gobierno, y que la gobernadora ha expresado su postura a favor de erradicar matrimonios forzados y prevenir embarazos adolescentes, por lo que estamos esperanzadas. Es un panorama esperanzador”.

En cuanto al tema regional, afirmaron que la organización DDSER (Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México), acompañó entre 3 y 4 casos al mes, en tiempos de pandemia, de interrupción voluntaria y legal del embarazo; por lo que exigieron a los diputados de la región: María Flores, Macedonio Mendoza, Leticia Mosso y Raymundo García, que legislen a favor de los derechos reproductivos de las mujeres, niñas y adolescentes de la Montaña: “Las mujeres de la Montaña atraviesan por varias circunstancias (…) aquí siempre se ha tenido una deuda histórica porque los diputados siempre han olvidado esa parte y tienen un compromiso para con las mujeres. Es momento de reivindicar su posición al aborto”. Aquí en la montaña existen prácticas de costumbres que violentan a las mujeres y las niñas. Ninguna mujer debe estar presa por abortar”.

En cuanto al tema del incremento de feminicidios en la región, comentaron: “pedimos justicia y no impunidad. Que la procuraduría no solape y se ponga a trabajar. En Tlapa hay varias denuncias y se les da carpetazo. No hay continuidad. Para eso uno les tiene que estar pagando: ¿cómo les vamos a pagar por hacer su trabajo?”

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Cumple tres días bloqueo en la Tlapa-Chilapa; buscan reconocimiento de delegado.

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Carmen González Benicio 

Tlapa, Guerrero. 29 de abril de 2022. Nahuas de la colonia Cruz Grande, de Tres Caminos, municipio de Tlapa, cumplieron tres días bloqueando la carretera Tlapa-Chilapa porque el ayuntamiento se niega a reconocer a su delegado ya que no pertenecen a su grupo político, dijeron.

Contaron que en enero participaron en la convocatoria que emitió el ayuntamiento para elegir delegados y comisarios para el 2022, por lo que acudieron a Tlapa para registrar su planilla, dándoles el número dos y, como titular, Francisco Villa Esperan.

El día de la votación acudieron a la delegación pero, al llegar, se les impidió, sacándolos a empujones con el argumento de que no vivían en la colonia porque no tenían casas, sin embargo, tienen terrenos, por lo que tienen derecho, “pero los del ayuntamiento nos desconocieron, trajeron policías que nos sacaron a empujones de la delegación”.

Señalaron al secretario general, Joaquín  Álvarez, de ser quien les negó su participación  en su condición de representante del ayuntamiento, pese a que eran más de 100 personas y la otra planilla, con Agustín Salvador Villa a la cabeza, era de 25.

Al no permitirles votar por usos y costumbres, es decir en votación a mano alzada, acudieron el 29 de enero al ayuntamiento a dejar su impugnación en la Secretaría General, pidiendo que se hiciera la elección porque les habían negado sus derechos.

La respuesta del Ayuntamiento fue la de llamarlos para organizar una reunión y resolver su exigencia, sin embargo, una vez ahí, les dijeron que “mejor se sumaran a la planilla que ellos reconocían”, a lo que respondieron: “No nos vamos a sumar a quien tiene minoría, además de que se nos violentaron nuestros derechos al no dejarnos participar”. 

Dijeron que pidieron se hiciera nueva elección o ellos se sumaran porque eran minoría, sin que se resolviera nada porque “al ser su gente les daban el lado”.

Remarcaron que el ayuntamiento y el presidente, Gilberto  Solano Arreaga, «respaldan a su gente priista porque a nosotros nos identifican con Morena y por eso no los quieren reconocer».

Agregaron que, ante la falta de respuesta y la cerrazón del ayuntamiento por darles solución, pese a que su exigencia era una elección donde los dejaran votar,  decidieron bloquear la carretera, pues ya pasaron cuatro meses y ahora piden el reconocimiento de Francisco Villa como delegado, porque son mayoría.

Lamentaron que el presidente Gilberto Solano Arreaga no acudiera para atenderlos porque el conflicto lo generaron desde el  ayuntamiento al no permitirles votar a pesar de que cumplieron los requisitos como planilla y evitar que ahí en la asamblea “se viera quién ganaría”.

A tres días de bloqueo tampoco los ha buscado y, en lugar de atender los problemas, se dedique a andar repartiendo juguetes, con lo cual, afirmaron, no están en contra, pero debe atender de manera directa lo que sus colaboradores no pueden porque “ él tiene facultades”.

«Le da la vuelta a los problemas, hoy no pasó por aquí  para ir a Ayotzinapa a dejar  juguetes, se fue  por Copanatoyac, ya vimos».

“Ya llevamos cuatro meses sin que nos den una respuesta sobre el reconocimiento de nuestro delegado Francisco y no nos vamos a quitar hasta que nos atiendan”.
Dieron a conocer  que quien está mediando el conflicto es el delegado regional de Gobernación, Jorge  Rodríguez  Ponce, y pidieron la intervención de Derechos Humanos ante el ayuntamiento de Tlapa, donde han enviado personas que no resuelven por la que pedían la presencia del presidente municipal.

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