Tlapa, Guerrero, México. 25 de septiembre de 2019. Por: Carmen González. Las personas afectadas por el choque de una patrulla militar del 93 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) denunciaron que el Coronel Carlos Irineo Mejía Banda se niega a pagar los daños y los intimidan como ocurrió el día del incidente en que no permitieron que se realizará el peritaje.
Y en el Ministerio Público muestran reticencia a realizar
los actos de investigación, requiriéndole pagos para compra de hojas, tóner y
800 pesos para las copias.
Ante eso y a más de 10 días sin respuesta, los afectados:
Jorge Salgado Hernández, Mauricio Reyes Galicia, Roberto Espinobarros Huerta y Teresa
Díaz Hernández pidieron la intervención de las autoridades superiores para que honren
la palabra del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de que
el ejército esta para proteger a la población y no para causarle daños.
Los afectados recordaron que el 13 de septiembre el vehículo
militar iba escoltando al Coronel Mejía Banda, quien se dirigía al acto cívico para
conmemorar a Los Niños Héroes de Chapultepec, a unos metros del accidente.
Y que Mejía Banda se percató del daño que ocasionó el segundo
vehículo que lo escoltaba y regresó a hablar con ellos diciéndoles que se
harían responsables de todos los gastos, pero les pidió que los vehículos
fueran retirados del lugar, se los llevarán a sus domicilios con la grúa que
ellos aportarían y que personal de la aseguradora Qualitas verificaría los daños
de cada unidad.
Los afectados mencionaron que no estuvieron de acuerdo con
esa propuesta del Coronel porque no confiaban en que repararían los daños ya
que no dejaban que interviniera Tránsito municipal ni otra autoridad civil.
Por lo que le propusieron que se llevaran sus unidades al
batallón para que ellos se encargaran de arreglarlas, pero el Mejía Banda ya no
se quedó en el lugar y comisionó al teniente Alexis para que le diera
seguimiento al asunto, reiterándoles que la aseguradora cubriría todos los
gastos de los daños ocasionados.
Al final, la grúa se llevó los vehículos a un corralón, en
el entendido de que el ejército asumiría todos los gastos, al impedir que los
agentes de Tránsito realizaran las investigaciones y los peritajes.
Contaron que el sábado 14 de septiembre fueron citados al
batallón para darle seguimiento, pero no los atendió el Coronel y quien estuvo
con ellos le dijo que el ejército no tenía nada que ver en ese asunto y que la culpa
era del taxista que se había atravesado y, ahora, esperarían que la aseguradora
determinara los daños.
Ante eso, los agraviados acudieron a la Agencia del
Ministerio Público del fuero común donde interpusieron denuncia formal por el
delito de daños por tránsito terrestre, en agravio de Jorge Salgado Hernández,
Mauricio Reyes Galicia, Roberto Espinobarros Huerta y Teresa Díaz Hernández por
lo que se abrió la carpeta de investigación número 12080440600522140919.
Se quejaron de que el Ministerio Público se muestra
reticente a realizar actos de investigación, requiriéndole pagos para compra de
hojas, toner y 800 pesos para las copias.
Y la aseguradora Qualitas les está pidiendo que presenten un
peritaje de tránsito terrestre para que se determine si los militares fueron
quienes provocaron el incidente, sin embargo, este trabajo no se realizó en
tiempo y forma porque los militares se opusieron a que los oficiales de Tránsito
municipal que estuvieron presentes realizaran las investigaciones.
Lamentaron que a 10 días no tengan respuesta y el Coronel
Carlos Irineo Mejía Banda no tenga palabra al desentenderse del caso y el
teniente Alexis, que dejó como responsable, tenga una actitud hostil contra los
agraviados y les diga que ellos no son los responsables del accidente por lo
que solicitaran la intervención del Centro de Derechos Humanos de la Montaña
Tlachinollan para resguardar su integridad.
Las personas afectadas que interpusieron la denuncia demandan
que se reparen los daños, se cubran los gastos ocasionados por el arrastre de
la grúa y el pago del corralón, y el pago de las pérdidas ocasionadas durante
estos diez días que dejaron de trabajar.
El día del accidente:
13 de septiembre
El pasado 13 de septiembre, como a las 9:30 de la mañana la
patrulla de la Sedena, tipo Cheyenne con matricula 0893309 que conducía el
oficial Felipe Gallo Villanueva se impactó con varios vehículos uno en
circulación y otros estacionados en la calle Donato Miranda Fonseca, entre la
Gálvez y la Morelos y las escuelas primarias Ignacio Manuel Altamirano y Lázaro
Cárdenas.
La patrulla primero se impactó con el taxi número 173, del
sitio 16 de septiembre que circulaba por la calle aventándolo y causándole daños
en la parte delantera derecha. Y siguió pegándole a al vehículo marca Chevrolet
Cavalier color blanco, modelo 1998; dos motocicletas; una camioneta Nissan
doble cabina color blanca, modelo 2012; otro vehículo de la Chevrolet marca
Optra color vino, modelo 2007 y, por último, dañó una motocicleta Italika color
roja, modelo 2018.
En este accidente uno de los vehículos quedó doblado a la
mitad y los otros dos sufrieron daños considerables en el lado derecho donde se
impactó la patrulla militar.
Los militares no permitían que se tomaran fotografías del
accidente, en un primer momento; se observó que estaban elementos de Tránsito
municipal, pero no hacían nada, llegaron de Tránsito estatal, una grúa y varios
militares que resguardaban el lugar, donde se vio al coronel al término de la
ceremonia, quien con señas dijo que no daría declaraciones.
El presidente, Dionicio Merced Pichardo García al ser
consultado respondió que desconocía el asunto y se informaría, ante la pregunta
de la forma en que realizaría la investigación y el pago de daños a los
afectados porque los militares, de acuerdo a unas personas, no dejaban que
interviniera Tránsito municipal y él dijo
que era un caso del fuero común y que no había privilegios para nadie y se
actuaría conforme a La Constitución, pero sus elementos de Tránsito no
documentaron el caso y los militares les prohibieron tomar fotos, de acuerdo a
un testigo.
