Carmen González Benicio
Tlapa
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional del Gobierno de Guanajuato firmaron un convenio de colaboración para atender a la población jornalera migrante de la Montaña de Guerrero y proteger sus derechos fundamentales.
El convenio fue considerado como inédito por Tlachinollan, además de ser el primero que se hace con un estado receptor de jornaleros que entró en vigor ayer 1 de octubre de 2021 con un alcance al 25 de septiembre de 2024 y en el cual la organización de derechos humanos que vela por los por los derechos y las condiciones laborales de cientos de familias jornaleras puede dar cumplimiento a las obligaciones del presente instrumento legal.
El convenio lo signaron el secretario del migrante y enlace internacional del gobierno de Guanajuato, John Robert Hernández, el coordinador de Atención a Migrantes en Origen, Tránsito, Destino y Retorno, Haydar Alfonso Medina Lira y por Tlachinollan el director Abel Barrera Hernández y el responsable de Atención a Migrantes Internos Jornaleros y Jornaleras Agrícolas y Transfronterizos, Paulino Rodríguez Reyes.
Entre los acuerdos del convenio está: coordinarse para la realización de los trámites para el retorno de los cuerpos de personas migrantes y/o jornaleros agrícolas que fallezcan en su territorio, en particular los de la región Montaña de Guerrero.
Coadyuvar con las personas migrantes jornaleras agrícolas ante el Gobierno del Estado de Guerrero, el pago de los servicios de traslado de las personas que mueran o tengan accidentes en Guanajuato.
Así como canalizarlas y coordinar con las autoridades correspondientes a los migrantes o jornaleros que requieran atención médica.
Apoyar a las personas jornaleras ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social federal o estatal para que se canalicen las denuncias sobre las malas condiciones laborales en los campos o zonas agrícolas o si son víctimas de algún delito sean canalizadas ante la autoridad correspondiente.
En el tema sobre mujeres se comprometió a canalizar a las mujeres migrantes jornaleras agrícolas con las autoridades competentes para la atención de casos sobre la prevención y erradicación de la violencia y apoyo educativo para niñas y niños indígenas
El gobierno de Guanajuato destacó que para ellos es importante la ejecución de acciones que favorezcan el desarrollo de las personas migrantes y sus familias, protegiendo sus derechos humanos, así como facilitando mecanismos de acceso a programas de ayuda y apoyo asistencial.
La firma se realizó de manera virtual, en la mañana de este viernes con la participación de autoridades, organizaciones civiles e integrantes del Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña.
En un boletín, Tlachinollan dijo que espera que la iniciativa sirva para para establecer convenios entre los gobiernos estatales para brindar atención a la población jornalera y salvaguardar sus derechos laborales ante un empresariado agrícola voraz.
Y que con el acuerdo interinstitucional esperan que se atienda con presteza a un sector de la sociedad que es víctima de abusos, maltratos y engaños por parte de los enganchadores y empresarios agrícolas.
Y que con el convenio se logró tender un puente de esperanza desde el bajío hasta la Montaña de Guerrero donde las familias jornaleras indígenas se enrolan en los trabajos agrícolas de 20 estados del país, donde los malos tratos por las empresas o agricultores rayan en la discriminación y racismo.
Y la explotación es constante, sin atención ni protección de parte de las autoridades estatales y federales.
Recordó que faltan políticas públicas y hay ausencia de programas federales para la atención de más de 2 millones de personas que sobreviven del trabajo jornalero en los campos agrícolas del norte y occidente del país donde las familias indígenas libran una desigual batalla contra la discriminación social y la explotación económica.
Mencionó que con el cambio de gobierno estatal en Guerrero la población jornalera emplazará la gobernadora electa, Evelyn Salgado para que incorpore dentro de su plan estatal de desarrollo recursos financieros que reviertan la pobreza extrema en que se encuentran sumidas por el olvido gubernamental.
