La Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas en una carta
pública a la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores le manifestaron su
preocupación por la ausencia de una política específica para la atención a las
y los Jornaleros Agrícolas y a sus familias en el marco de la Cuarta
Transformación.
La carta circuló el pasado 18 de febrero suscrita por organizaciones de la sociedad civil,
organizaciones de base e investigadores (as) en diferentes universidades donde le
pidieron que se haga del conocimiento público la alternativa que se tiene para este
sector luego de constatar que desaparece
el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA, 1990-2018) y con ello, la
prioridad que ocupaba en la política pública.
Detallan
que la atención se obtuvo en la década de los ochentas en el marco de la lucha
por los derechos humanos con actores sociales como Rodolfo Stavenhagen, Roger
Bartra, Luisa Paré, Enrique Astorga, Gabriel Torres, Martine Vaneckere y Arturo
Warman y fue hasta 1990 cuando se logró desarrollar una propuesta a este
sector.
Recordaron
que en sus inicios el programa se distinguió por la integralidad de sus
acciones con la existencia de redes de promoción social y la participación
organizada de la población y, admitían, que al cabo de los años el diseño
original se simplificó, perdió creatividad y esencia humana que se gesta con el
trato directo, de persona a persona.
Agregaron
que en las casi tres décadas de funcionamiento las necesidades y prioridades de
las y los jornaleros migrantes no se cubrieron, al contrario, se acrecentaron,
por lo que proponen la creación de un nuevo programa que retome los aciertos
del pasado e implemente nuevas estrategias desde la política de bienestar para
atenderlos con apoyos reales que dignifiquen sus condiciones de vida en los
ámbitos de vivienda, abasto, salud, educación y procuración de justicia.
Mencionan
que Albores señaló que la problemática de las personas jornaleras se inscribía
para este gobierno en las problemáticas de las personas indígenas, sin embargo,
tan sólo alrededor del 40 por ciento de la población es indígena, quedando
fuera de la atención del Estado el 60 por ciento de la población jornalera.
Y que
en Anexo 10 del Presupuesto de Egresos de la Federación, se destinaron 35
millones de pesos mediante el Programa de Secretaría del Trabajo y Previsión
Social “Jornaleras y Jornaleros Agrícolas”, siendo este monto completamente
insuficiente para atender una enorme problemática que enfrenta esta población.
De
manera puntual le preguntan a la secretaria ¿dónde estará hoy la atención a los
y las jornaleras agrícolas y sus familias?, particularmente las personas
migrantes e indígenas, que se desplazan a lo largo y ancho del país, engarzando
diversas temporadas agrícolas en los mercados de trabajo que les demandan.
Sobre todo,
porque en declaraciones hechas no les quedó claro en qué instrumentos se
incluye la atención de las y los jornaleros agrícolas, considerando su
condición de género (mujeres y hombres) su movilidad (migrantes y locales), su
edad y su origen étnico (indígenas y mestizos).
Enfatizaron
que al tener en sus manos la dirección de la política de bienestar diera
respuesta a su solicitud de conocer ¿cómo será la atención a los y las
jornaleras agrícolas, en cada una de las condiciones en que se presentan: género,
movilidad, edad y condición étnica?
Los
integrantes de la Red nacional piden una respuesta en el tiempo y forma
correspondiente al artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Entre
los integrantes están: Centro
de Acompañamiento a Migrantes A.C. (CAMINOS); el Centro de Derechos Humanos de
la Montaña Tlachinollan A.C. (CDHM Tlachinollan);
Centro de Desarrollo Indígena Loyola A.C. (CDIL); el Centro de Estudios en
Cooperación Internacional y Gestión Pública A.C. (CECIG); la Coalición Indígena
de Migrantes de Chiapas (CIMICH); Mixteco Yosonuvico de Sonora Cerro Nublado
A.C.; Enlace, Comunicación y Capacitación A.C. (ENLACE); Pastoral Social y
Migrantes de la Diócesis de Matehuala; Proyecto de Derechos Económicos Sociales
y Culturales A.C. (ProDESC); Respuesta Alternativa A.C. Servicio de Derechos
Humanos y Desarrollo Comunitario (RA); Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos
Migrantes A.C.; Dra. Ma. Antonieta Barrón Pérez, Facultad de Economía,
Universidad Nacional Autónoma de México; Dr. Celso Ortiz Marín, Universidad
Autónoma Intercultural de Sinaloa; Dr. José Eduardo Calvario Parra, Colegio de
Sonora; y Mariano Yarza, defensor independiente.
