Tlapa, Guerrero, a 29 de octubre de 2020. Carmen González. En Guerrero existe un aumento exponencial de agresiones sexuales contra mujeres y niñas porque en tan solo dos meses el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan documentó más de 30 casos de violación sexual contra niñas indígenas en la Montaña.
En un comunicado Tlachinollan recordó que en los últimos días en Guerrero las organizaciones y colectivas exigieron al Congreso del Estado reformar el artículo 159 del código penal del Estado de Guerrero a fin de que las mujeres puedan interrumpir el embarazo cuando este haya sido consecuencia de una violación sexual.
Y que el Grupo de Trabajo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) recomendó el estudio, revisión y reforma de la legislación penal, particularmente el artículo 159 del Código Penal del estado Libre y Soberano de Guerrero, para armonizarlo con lo que disponen la Ley General de Víctimas, la NOM-046 y el artículo 10 Bis de la Ley General de Salud a fin de garantizar el acceso de las mujeres a la interrupción legal del embarazo para efectos de agravio comparado.
Y que esta iniciativa de reforma al código penal se encuentra en la Comisión de Justicia del Congreso de Guerrero sin que haya sido dictaminada por lo que consideró que la negativa de diputadas y diputados para legislar en materia de agravio comparado, es un mensaje político que alienta la violencia contra las mujeres.
Y explicó que, a la fecha las mujeres que quieran interrumpir su embarazo ante una agresión sexual tendrían que interponer una denuncia al Ministerio Público y luego de varios actos de investigación acreditar el hecho y lograr la autorización, no obstante, este proceso podría tardar de 6 meses a un año, lapso en el que ya no es posible la interrupción pues clínicamente debe realizarse a las 12 semanas de gestación.
Recordó que la CONAVIM y otros organismos nacionales e internacionales han establecido que las mujeres tienen derecho a interrumpir el embarazo resultado de una violación sexual, para evitar prolongar la violencia y los impactos que esta genera en las mujeres victimas de este evento traumático y violento.
Lamentó que los diputados de todos los partidos se opongan a la interrupción del embarazo producto de una agresión sexual a mujeres y niñas, soslayando la violencia que enfrentan y el sufrimiento e impacto en sus vidas ante una agresión de esta naturaleza, pretenden obligarlas a que prueben en un proceso penal la agresión de que fueron objeto.
Para Tlachinollan es preocupante la negativa de los diputados de reformar la Ley penal y con su actitud omisa mandan un mensaje que alienta la violencia contra las mujeres y niñas, ya que era un hecho notorio que en Guerrero existe un aumento exponencial de agresiones sexuales contra mujeres y niñas y como botón de muestra, Tlachinollan en tan solo dos meses ha documentado más de 30 casos de violación sexual contra niñas indígenas en la Montaña.
Remarcó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que las autoridades, ante una denuncia de agresión sexual, deberán otorgar valor preponderante a la declaración de una mujer víctima, tomando en cuenta aspectos subjetivos como la edad, lengua, cultura y su condición económica y las consecuencias traumáticas e impacto emocional que ocasiona este evento delictivo.
Y que esos elementos facticos y jurídicos deben ser usados por los diputados para reformar la Ley penal a favor de las mujeres víctimas ya que hacer lo contrario, es soslayar la violencia sexual que viven, el impacto emocional que enfrentan y dar la espalda a su lucha histórica.
Enfatizó en el comunicado que no reformar la Ley penal evidencia que las diputadas y diputados privilegian el aspecto político electoral pisoteando los derechos de mujeres y niñas a una vida libre de violencia.
Y exigió al Congreso del Estado de Guerrero que legisle a la brevedad para reformar el artículo 159 del Código Penal a fin de que las mujeres puedan interrumpir el embarazo producto de una violación sexual.
