A un año de la desaparición y asesinato de Arnulfo Cerón Soriano el Frente Popular de la Montaña exige castigo a los autores materiales e intelectuales del activista

Tlapa de Comonfort, Guerrero; México. 11 de octubre de 2020.  Carmen González Benicio. Integrantes del Frente Popular de la Montaña (FPM) marcharon al cumplirse un año de la desaparición y asesinato de su integrante y defensor de derechos humanos, Arnulfo Cerón Soriano y su cuerpo encontrado 40 días después enterrado en una fosa clandestina en las afueras de Tlapa, reiteraron su exigencia de castigo a los autores materiales e intelectuales.

Los integrantes del Frente, en su mayoría campesinos de comunidades de Tlapa y Copanatoyac, estudiantes de la normal de Ayotzinapa, El Movimiento por la Liberación de los Presos Políticos en Guerrero (Molppeg), maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), del Centro de Derechos Humanos de la Montaña y familiares exigieron castigo a los culpables materiales e intelectuales del asesinato y que no quede impune, durante la marcha que partió del Arco de la entrada al ayuntamiento.

A su llegada al ayuntamiento un integrante del frente que llevaba el micrófono dijo que harían el mitin frente al lugar de donde “salieron las órdenes para desaparecer a nuestro compañero, no lo olvidemos” y recriminó a la 4T de que no hay cambios porque en su gobierno están matando a luchadores sociales.

Y que no se olvidara que desde ese lugar muchas veces Arnulfo exigió atención y transparencia a las autoridades municipales y el cumplimiento de sus compromisos con los campesinos de las localidades.

En un acto que duró una hora y media, los participantes coincidieron en la exigencia de justicia y castigo a los responsables del homicidio de activista quien era gestor ante la falta de atención de las autoridades municipales y estatales.

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra quien fungió como moderador detalló que en las investigaciones del caso hay elementos de prueba que indican que Arnulfo fue sacado por una persona de su domicilio para que el grupo criminal que operaba en Tlapa cumpliera las ordenes de las autoridades del municipio que derivó en su tortura, asesinato y fuera enterrado en una fosa clandestina.

Dijo que el homicidio de Arnulfo es una muestra que en la región de la montaña la delincuencia convive y está al servicio de las autoridades, por eso asesinaban y desaparecían con tanta impunidad con una ola de secuestros de levantones, asesinatos y desapariciones forzadas en esta región.

Y que el caso de Arnulfo evidenció que hay cientos de desaparecidos de manera impune en Tlapa por lo que varias familias se sumaron a la búsqueda y como Tlachinollan tienen documentados más de 60 casos de desaparición forzada.

Y que la muestra era que donde encontraron a Arnulfo, estaban otras tres fosas con restos humanos y en otros puntos de búsqueda a una familia completa: la mamá, el papá, el hijo y al nieto y a la nieta por lo que seguirán luchando para que sean castigados los responsables, sin importar quienes sean.

El comisario de la comunidad de Zacualpan pidió justicia y agradeció la gestión de Arnulfo porque a un año de su muerte, finalmente el gobierno les estaba dando obras, como la pavimentación de su camino que por años les negaron, a pesar de ser una comunidad productora de barro.

El director de Tlachinollan Abel Barrera Hernández señaló que abrazaban la causa del Frente desde el ayuntamiento donde Arnulfo Cerón protegió y defendió los derechos humanos y denunció las tropelías de las autoridades municipales y estatales.

Arnulfo emprendió una lucha sin cuartel para proteger a los campesinos, comerciantes para obtener obras y su destino fue una fosa de tres metros para no encontrarlo y callar su voz por pedir justicia.

Dijo que Arnulfo se calló las amenazas recibidas y finalmente las hizo públicas porque pensó que se podía respetar la vida de los defensores y llegar a acuerdos con las autoridades y tener una relación de respeto ante la criminalización, pero paso lo contrario se polarizaron las posturas al arreciar las amenazas y las campañas de desprestigio al decir que era un vividor social y que públicamente no era una persona grata para las autoridades. 

Lo señalaron de estar en la nómina para desacreditarlo, pero ahora no se dice nada y se sabe que hay gente que cobra sin trabajar y está al servicio de la delincuencia.

Agregó que Arnulfo pensó que era una acción asilada o coraje inmediato por sus exigencias, pero que no fue así porque se premeditó silenciar su la lucha por parte de las autoridades y los grupos criminales.

Lamentó que en la misma barandilla se anuncie que se suicidó un joven en situaciones desconocidas, que se detenga o se criminalice a cualquier persona por su lucha y se tiene que exigir a la autoridad el respeto a los derechos humanos y que está para servir no para criminalizar ni mandar mensajes funestos como lo de Arnulfo.

Dijo que las fechas deben ser el parte aguas de la historia para la justicia de los defensores y defensoras y que en el mes de octubre se sitúan los crímenes de Ranferi Hernández Acevedo y su familia y Rocío Mesino Mesino y ahora el de Arnulfo.

Agregó que los movimientos y organizaciones sociales deben articular esfuerzos de manera conjunta para no permitir que se criminalice la lucha social y se coloque a los defensores de derechos humanos como unos delincuentes mientras los verdaderos actúan con impunidad ya que se ha degradado al luchador social como un ruin y vividor.

Dijo que estamos ante un cambio de gobierno, de transformación, pero eso no puede traer el asesinato de una persona que solo exigía transparencia y que las obras se hicieran en las comunidades y se debe ver la manera en que se desmonten las complicidades entre los gobiernos y la delincuencia.

Del Molppeg, Arturo Campos pidió castigo a los responsables y recordó que el ayuntamiento fue tomado y pintado para exigir la presentación con vida de Arnulfo, en que señalaron al presidente de Tlapa, Dionicio Merced Pichardo García y al jefe de Gabinete, Marco Antonio García Morales, quien fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad y está preso en el penal de Tlapa.

Lamentó que las autoridades no se conformen con robarse los recursos y que consideren un delito que les reclamen los recursos que pertenece al pueblo para las obras y descalifiquen y asesinen a los luchadores sociales.