11 años de impunidad militar por la ejecución extrajudicial del nahua de Tlatzala, Tlapa Bonfilio Rubio Villegas

Tlapa, Guerrero, México. Junio 2020. Redacción.El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Robert F. Kennedy Human Rights condenaron 11 años de impunidad castrense por la ejecución extrajudicial del nahua Bonfilio Rubio Villegas, cuando viajaba en un autobús atacado a balazos en Huamuxtitlán.

Lo anterior en un comunicado de prensa que emitieron ambas organizaciones defensoras de derechos humanos en que señalan que el asesinato de Bonfilio ilustra el impacto de la militarización de la seguridad y la continuación de la estrategia fallida de seguridad pública en el México.

Las organizaciones remarcaron que el caso de Bonfilio retoma relevancia ante la reiteración de la estrategia de militarización de la seguridad pública por parte de la actual Administración en México, de Andrés Manuel López Obrador.

Ya que el pasado 11 de mayo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de materia extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.

Por lo que consideraron que, con este acuerdo presidencial, se extralimitan las facultades de las fuerzas armadas y se autoriza su despliegue en todo el país, permitiéndoles ejecutar detenciones, asegurar bienes, realizar control migratorio y su permanencia en las calles que se venía dando de facto con la Guardia Nacional.

Y que eso se da, sin que exista una estrategia para el retiro paulatino de las fuerzas armadas, ni controles civiles y mecanismos de rendición de cuentas, además de publicarse en pleno contexto de la contingencia sanitaria, lo que imposibilitó su escrutinio y debate público.

Señalaron que con esto se vuelve a imponer el modelo de militarización del país que visto en administraciones pasadas y que han demostrado durante años no ser efectivo.

Consideraron que esta estrategia de seguridad fallida continuará perpetuando el pacto de impunidad que gozan las fuerzas armadas y que casos como los de Bonfilio no alcancen justicia en México como muchos otros que están marcados por un contexto de pobreza, desigualdad, militarización e impunidad.

Pidieron que se tomen las recomendaciones de mecanismos internacionales para que se haga el retiro paulatino de las fuerzas armadas; que su actuación tenga la supervisión de una autoridad civil, así como mecanismos para el fortalecimiento de las policías estatales y municipales.

Mencionaron que como organizaciones seguirán luchando para que el caso de Bonfilio sea investigado correctamente y que las personas responsables de la ejecución extrajudicial sean detenidas y enjuiciadas por estos hechos y la impunidad castrense no continúe.

Un viaje en respuesta ante la falta de oportunidades en la región

El comunicado relata que el 20 de junio de 2009, fue ejecutado extrajudicialmente en un retén militar el joven nahua de Tlatzala, municipio de Tlapa, Bonfilio Rubio Villegas quien viajaba a bordo de un autobús de la línea “El Sur” con rumbo a la Ciudad de México, como parte de su camino hacia los Estados Unidos de América.

El autobús en donde viajaba fue detenido alrededor de las 22:30 en un retén militar ilegal, con el argumento de “revisión de rutina”. Ahí detuvieron arbitrariamente a uno de los pasajeros por llevar botas tipo militar y al retomar su camino, los elementos castrenses dispararon sus armas de fuego hacia el autobús, ejecutando en ese instante a Bonfilio.

A partir de ese momento, la familia de Bonfilio inició una travesía por alcanzar justicia que su caso fue conocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien emitió una sentencia histórica en la que declaró inconstitucional el artículo 57 del Código Penal Militar y ordenó que el caso fuese conocido en la justicia civil.

Sin embargo, aunque la investigación se trasladó al fuero civil, la línea de investigación impulsada en el fuero militar se mantuvo, por lo que en 2014 se absolvió al único militar procesado.

Describieron que, ante la imposibilidad de acceder a la justicia en México, en enero de 2017 la familia acudió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con una petición que detalla las violaciones a derechos humanos en el caso, incluyendo al derecho a la vida y a la integridad personal, así como a las garantías judiciales y la debida protección judicial, todos ellos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Lamentaron que, pese a estos casos, se continúe con la estrategia fallida de militarizar la seguridad pública en el México con el acuerdo presidencial del 11 de mayo.