A la clase política de Guerrero le falta mucho para estar a la altura de un pueblo digno y combativo. No cederá ante ningún funcionario o político que ose chantajearlos o tratarlos como gente rijosa o atrasada. Ellos y ellas dan lecciones de cómo se tiene que construir la democracia: desde abajo respetando los derechos del pueblo.
Los grupos políticos salen en defensa de sus intereses y cuando hablan de los indígenas y campesinos no es para reivindicarlos, sino para montarse en su problema y sacar la mejor tajada. Lo más burdo es reproducir una visión reduccionista de que todo está manipulado y por lo mismo, que la gente si protesta está manipulada.
Tlapa de Comonfort, Guerrero, México. 29 de julio de 2019. Por: Tlachinollan. La clase política del estado está muy distante de los problemas que aquejan a la población pobre que lucha por su sobrevivencia. El perfil del gobernante de Guerrero es diametralmente opuesto al que demandan los ciudadanos y ciudadanas. En lugar de estar presto para resolver sus demandas e intervenir ante otras instancias, se encapsula y se enconcha. Se desmarca del problema y crea todo un entramado burocrático que vuelve ineficientes e inapropiadas sus respuestas. Genera encono y alienta la confrontación estéril, sin atender de fondo las demandas de la población agraviada.
El político en lugar de estar en el terreno de los hechos, se sube a su pedestal y prefiere gobernar con sus súbditos por vía telefónica. Piensa más en su seguridad y su confort. Su círculo de amigos está protegido por escoltas y policías. Aparece en público no para refrendar su compromiso con los que creyeron en sus promesas, sino para recibir adulaciones. Ya no tiene tiempo para sentarse con la gente a resolver sus problemas, ni para asistir a reuniones o asambleas. Más bien las evade y sistemáticamente se ausenta de sus oficinas. La justificación recurrente es que tiene reuniones de alto nivel, dejando en último plano a quienes lo llevaron a ostentar un cargo.
La mayor parte del tiempo lo dedica a tejer su red de relaciones públicas; a establecer amarres políticos con miras a la próxima contienda electoral; a realizar negocios con los grupos que se han especializado en esquilmar el erario público y a darle vuelo a su vida disipada.
Es el modelo del político que ha ganado fama en los círculos de poder y entre amplios sectores de la población. Son los que han institucionalizado la corrupción y saqueado las arcas públicas. Los que han utilizado a las instituciones para beneficios personales y facciosos, y que han llegado al extremo de coludirse con grupos del crimen organizado para urdir negocios redondos y tener mejores garantías para su seguridad.
El poder que ostentan es para promover el culto a su personalidad y retroalimentar su ego. Viven ensimismados, presos de la vacuidad y la vanidad. Son maleables y malévolos. Su alejamiento de los ciudadanos y ciudadanas le va generando fobias y prejuicios contra la población que lo critica y que lo emplaza a rendir cuentas. Va poniendo barreras de todo tipo, y ya no está dispuesto a recibir ni escuchar a las personas que demandan atención, sobre todo a quienes se deciden a protestar y a tomar medidas drásticas, ante la desatención y la falta de solución a los problemas más urgentes.
Entre los mismos grupos políticos se da una disputa férrea por el control de los presupuestos, los cargos públicos, los programas y la toma de decisiones. El engendro de la partidocracia ha desvirtuado y atrofiado el sistema de partidos. Este modelo de democracia representativa devino en una casta de burócratas que actúa por encima de los intereses de la sociedad. La representación política ha perdido legitimidad por sus actuaciones contrarias a lo que demandan sus representados.
Los intereses macroeconómicos de las multinacionales son los que realmente trazan el rumbo de nuestro país. El Pacto por México firmado por los principales partidos en el sexenio de Peña Nieto, fue la culminación de este alineamiento político a la economía de mercado, que se concretó con las reformas estructurales. Entre la alta burocracia se han mezclado los intereses políticos con los económicos. Se ha normalizado que los políticos y empresarios gocen de privilegios, que se les exente del pago de impuestos y que lucren con el patrimonio nacional. Sus negocios son sagrados. Para ellos las empresas tienen más importancia que los derechos de los trabajadores. Esta sensación de superioridad, los vuelve arrogantes e insensibles. Se sienten dueños de las instituciones y actúan de forma rijosa para someter a la población. Su rol como representantes de la sociedad dista mucho de lo que realmente pelea y lucha el ciudadano y la ciudadana de a pie. No son garantía de gobernabilidad, mucho menos son un dique para la salvaguarda de los derechos fundamentales de una población inerme, que no sólo se siente indefensa, sino ignorada y vilipendiada.
Un problema grave que estamos enfrentando las y los guerrerenses, y que sigue agudizándose en las regiones más depauperadas, donde las comunidades sobreviven de la siembra del maíz, es el desabasto del fertilizante. Su entrega tardía y a cuenta gotas, ha causado mucho enojo y encono entre los campesinos e indígenas contra los encargados de distribuir el insumo. Este desaguisado es una muestra clara de la desorganización que existe entre los responsables del programa y la descoordinación que persiste entre los diferentes niveles de gobierno.
Desde que se diseñó el modelo de registro de los productores afloraron muchos cuestionamientos. En primer lugar porque se armó en el escritorio, sólo con los funcionarios del ramo que lo compartieron con los presidentes municipales y con algunas organizaciones sociales y civiles. Fue un avance la realización de reuniones regionales con la presencia del coordinador del programa y del mismo gobernador.
En un power point se mostró el procedimiento para el registro de los productores. Fue el primer cuello de botella, porque fueron muchos requisitos que obligaban a un gran número de campesinos e indígenas a realizar gastos innecesarios. Se hizo ver que se tenía que simplificar y hacer accesible el registro. Se flexibilizaron las normas y se fueron atendiendo determinados problemas que cada núcleo agrario planteaba. Varias dependencias públicas se involucraron para asesorar y apoyar en la elaboración de documentos que requerían los productores. Se salvó con muchas dificultades el primer escollo.
El talón de Aquiles fue que no se consultó a los beneficiarios directos, por lo menos a los comisariados de bienes comunales o ejidales, quienes realmente son los que conocen la situación agraria de los comuneros y ejidatarios. Todo quedó entre los funcionarios federales, estatales y presidentes municipales, fundamentalmente.
El diseño no funcionó cuando entró en operación. Los mismos productores se encargaron de demostrar su ineficacia, porque un gran número de ellos no cumplían los requisitos. A pesar de esta deficiencia, no se cambió de estrategia. Continuaron las reuniones cerradas que generaron mucho malestar entre los beneficiarios, a quienes no les llegaba la información clara, completa, adecuada y accesible. Se enteraban por terceras personas, y cuando lo hacían los funcionarios, regularmente era de mala manera y con un lenguaje ininteligible. Esta situación no trascendió tanto, porque estaba la promesa de que el fertilizante se entregaría a todos los productores, y que se respetaría el número de hectáreas que habían reportado.
El problema explotó en diferentes regiones, cuando los beneficiarios y beneficiarias del programa se enteraron que solo recibirían seis bultos, es decir, lo correspondiente a una hectárea. Así lo registraban los vales que recibieron. Este engaño fue lo que provocó que los productores se organizaran. De inmediato realizaron asambleas y tomaron la decisión de no aceptar un solo paquete. Además no veían llegar los camiones del fertilizante. La información corrió como reguero de pólvora, lo que precipitó acciones de fuerza no previstas entre las comunidades. Al saber que la decisión tomada desde la federación era generalizar la entrega a una hectárea, ante un padrón de productores muy elevado, y que no tenían forma de controlarlo, las comunidades sintieron esta decisión como un agravio y una traición.
Las reacciones fueron muy severas. Procedieron a la detención de militares, presidentes municipales, delegados federales, policías municipales, servidores de la nación, funcionarios de la Sader, Segalmex y Sagadegro. Bloquearon carreteras, tomaron las instalaciones de la Sader, los almacenes de Segalmex, y tráilers que escoltaban hacia sus comunidades. Han sido dos meses de protestas que han rebasado a todos los actores políticos. Son acciones que están demostrando el tamaño del coraje de una población que de por sí ha sido marginada y discriminada. Es la decisión que toman las comunidades asumiendo todas las consecuencias. Por experiencia saben que si no hacen visibles sus protestas, los funcionarios no garantizarán la entrega del fertilizante. A pesar de que se han movilizado y que se han plantado día y noche en las carreteras, no ven llegar los tráilers con el producto.
Lo inaúdito es que a pesar de la instrucción presidencial de que se entregara el fertilizante completo el 15 de julio, cumpliremos dos semanas sin que se avance en un 60% de la entrega total del insumo. De nada valió la visita del secretario de Agricultura, ni sus anuncios de que habrá más programas para el campo, porque no se revirtió la tendencia en cuanto al número de unidades que arribaban a la Montaña. No pasan de 10 unidades como máximo. Lo que se hizo normal es que lleguen de tres a cinco. Lo más grave es la manera de manejar el programa desde la Ciudad de México y desde la capital del estado. Un funcionario es el encargado de programar los tráilers. Los resultados son desastrosos, porque su programación nunca se cumple. Todo se reduce a llamadas telefónicas y a recibir información que nadie puede corroborar si es veraz, cuando se habla de la programación de las salidas de las unidades.
Hoy lo que vemos es que los funcionarios se confrontan, se descalifican públicamente. Alientan la confrontación. Culpan a los mismos productores de que no llegue el fertilizante porque bloquean carreteras. Se justifican diciendo que las empresas ya no quieren enviar tráilers porque detienen sus camiones y a sus choferes. Lo más irresponsable es que ahora en las llamadas telefónicas amenazan a la gente que está en las carreteras esperando el fertilizante, de que los van a encarcelar por cometer delitos. De que están atentando contra el Estado de derecho porque están reteniendo unidades y asaltando en el cerro.
Lo peor de todo es que ninguna autoridad se hace presente en los lugares donde la mecha está que arde. Los grupos políticos salen en defensa de sus intereses y cuando hablan de los indígenas y campesinos no es para reivindicarlos, sino para montarse en su problema y sacar la mejor tajada. Lo más burdo es reproducir una visión reduccionista de que todo está manipulado y por lo mismo, que la gente si protesta está manipulada. No se toma en serio que los ciudadanos y ciudadanas del campo están irrumpiendo como actores políticos, que no se supeditan a partidos, sino que defienden sus derechos colectivos que son inalienables y no están dispuestos a claudicar.
Su pleito mediático no llega más allá de sus oficinas en Chilpancingo, ni trasciende sus cúbiculos ni escritorios. La gente los quiere ver en los bloqueos, sufriendo las inclemencias del tiempo, decididos a defender su causa.
A la clase política de Guerrero le falta mucho para estar a la altura de un pueblo digno y combativo. No cederá ante ningún funcionario o político que ose chantajearlos o tratarlos como gente rijosa o atrasada. Ellos y ellas dan lecciones de cómo se tiene que construir la democracia: desde abajo respetando los derechos del pueblo. Es hora de que la clase política se deje de mezquindades y de cálculos políticos y alce la voz para que llegue el fertilizante a todos los productores y productoras de Guerrero y se les deje de criminalizar y estigmatizar.
