Carmen González Benicio |Tlapa
23 de abril 2021. Margarita Bartolo Fermín, mujer nahua de la comunidad de Xicotlán, municipio de Chilapa murió desangrada, a días de tener a su cuarta hija por negligencia médica en clínica del IMSS de Guasave, Sinaloa.
Su esposo Eustaquio Castro contó, al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que en la mañana del miércoles 21 de abril, Margarita acudió a la clínica del IMSS de Guasave, Sinaloa porque tenía un sangrado.
Al llegar a la clínica el medico que la atendió le dijo “no era de cuidado”, pese a que su parto se acercaba. A las 9:00 de la noche su esposo Eustaquio Castro la llevó de urgencia nuevamente porque su sangrado era mayor.
Dijo que la metieron al quirófano para operarla, y la hemorragia siguió por lo que la trasladaron al hospital de Los Mochis, Sinaloa donde la ingresaron a terapia intensiva, le dijeron que perdió sangre en la cesárea y el jueves 22 de abril por la mañana le notificaron que su esposa había muerto.
Margarita y Eustaquio salieron hace tres años de la comunidad de Xicotlán, municipio de Chilapa, ante la falta de trabajo remunerado y la violencia que han impuesto grupos de la delincuencia organizada, en los municipios de José Joaquín de Herrera y Chilapa.
Eustaquio no cuenta con tierras para sembrar, ni casa dónde vivir por lo que llevaba dos temporadas, en el campo agrícola El Gallo, perteneciente a la empresa Sacramento en Guasave, Sinaloa. Vivían en el cuarto 523 en Batamonte donde hoy velan tendida a Margarita.
A Eustaquio le pagaban 197 pesos por cada tarea, al recolectar 30 botes de chile o 12 botes de tomate tipo uva, por lo que a la semana lograba recibir un pago de 2 mil pesos, cuando le iba bien, aunque el trabajo escaseaba, por lo que no podían ahorrar.
Sus tres niñas no han tenido la oportunidad de estudiar, porque es difícil acudir a la escuela cuando los padres tienen que estar en el campo, su madre, ahora muerta por maternidad, sí tuvo la oportunidad de estudiar la secundaria, pero no continuó sus estudios ante los riesgos que implicaba salir de su comunidad a la cabecera municipal de José Joaquín de Herrera, donde la delincuencia organizada ha tomado el control de la seguridad.
En este año 2021 acudieron al campo agrícola El Gallo 162 personas, donde el 23 de septiembre del 2014, murió un niño nahua de dos años, originario de Chiepetepec, municipio de Tlapa, debido a la atención negligente de los médicos de la misma clínica del IMSS donde fue atendida Margarita.
Las cifras de la migración, en el año de la pandemia
El Concejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña registro de febrero del 2020 al mes de marzo del 2021 la salida de 17 mil 775 personas que se enrolaron como jornaleros agrícolas, de ellas 8 mil 768 son mujeres y 9 mil 7 son hombres; y la población infantil de 0 a 17 años representa el 42 por ciento, los jóvenes y adultos de los 18 a 64 años, asciende al 57%.
Los estados del país a donde fueron son Sinaloa, Chihuahua, Zacatecas, Michoacán y Baja California siendo los municipios de Cochoapa el Grande, Tlapa de Comonfort, Metlatónoc, Copanatoyac y Atlamajalcingo del Monte, los más expulsores.
La población indígena que más migra es el pueblo na savi con el 46 por ciento de las familias; el 26 por ciento me’phaa; el 21 por ciento nahua y el 7 por ciento es población que no se adscribe a un pueblo indígena.
Los índices de analfabetismo de la población jornalera son altos el 42 por ciento no fue a la escuela y solo el 16 por ciento reportó que terminó la primaria. Un 22 por ciento de niños y niñas no concluyeron la primaria y 10 por ciento concluyó su secundaria. El 4 por ciento de jóvenes cuenta con bachillerato, pero ante la falta de empleo remunerado optan por contratarse como jornaleros agrícolas.
Los salarios mínimos
Tlachinollan detalló que, en el año 2019, se inscribió en la Ley Federal del Trabajo la obligación para que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) fijara un salario mínimo profesional para las y los trabajadores del campo, tomando en cuenta los riesgos inherentes a las labores desarrolladas y las características de las familias jornaleras.
Se realizaron reuniones con la Secretaría del Trabajo y la Conasami donde se expusieron los problemas que enfrentan en los campos agrícolas y plantearon la urgencia de mejorar las condiciones de vida y revertir las múltiples violencias que se viven en los campos agrícolas.
El 16 de diciembre del 2020, la Conasami aprobó un incremento al salario mínimo de las personas jornaleras del 30 por ciento respecto al salario mínimo vigente, quedando en 160.19 pesos, el cual para la población jornalera, este pequeño aumento, no representa ninguna relevancia, porque en la práctica ganan más trabajando por tareas o a destajo.
Consideró que es una lucha desigual porque al interior de la Conasami, la voz cantante la tienen los empresarios que no están dispuestos a ceder sus ganancias a cambio de la mejora salarial de los trabajadores.
Y con eso no solo persiste la sobreexplotación de la mano de obra indígena, sino la discriminación institucionalizada, la carencia de servicios básicos, la denigración de la vida familiar y el destino funesto de las muertes de niños y niñas, mujeres y hombres en los campos donde la explotación laboral es extrema, sin que se hagan efectivas las prestaciones que por ley les corresponden.
Tlachinollan consideró que los niños y las mujeres indígenas jornaleras es la población más vulnerable que está condenada a sobrevivir en condiciones insalubres dentro de los campos agrícolas, donde carecen de servicios médicos, de albergues y de servicios básicos como el agua potable y la luz eléctrica.
