El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan manifestó que a un año de la desaparición y asesinato del activista y defensor de los derechos humanos Arnulfo Cerón Soriano la justicia estaba pendiente por lo que exigió que no quedara impune.
En el boletín pidió que los responsables materiales e intelectuales sean sancionados con todo el peso de la Ley, se emita sentencia, se repare el daño y se implementen medidas de no repetición, así como se generen las condiciones para que las defensoras y defensores de derechos humanos tengan garantías para realizar su labor.
Remarcó que el reto de las autoridades estatal y federal será desplegar medidas para que estos hechos no se vuelvan a repetir y aprovechen la coyuntura del caso de Arnulfo para generar las condiciones que impidan que el crimen organizado se vuelva a enraizar en la montaña con su cauda de violencia y muerte.
Y aunque la clase política y los grupos de poder local lo nieguen el caso de Arnulfo propició condiciones de tranquilidad en Tlapa y la Montaña, pues antes de eso las familias no podían salir por las noches porque había un vacío de poder ocupado por grupos del crimen quienes ejercían la autoridad e imponían su fuerza.
Y que el atentado contra el integrante del Frente Popular de la Montaña (FPM) Arnulfo Cerón develó la corrupción de las autoridades de seguridad en el municipio y la impunidad con que la delincuencia organizada secuestraba, mataba y desaparecía a las personas; donde políticos, comerciantes y transportistas eran parte del crimen, por lo que el grupo delictivo mataba y desaparecía a la luz del día con la plena seguridad que nada les pasaría.
En el texto describen que el pasado 11 de octubre de 2019 el defensor indígena salió de su casa a una reunión y ya no regresó. Las primeras investigaciones concluyeron que alguien conocido lo citó a la orilla de Tlapa porque el plan fue sacarlo para que miembros de la delincuencia organizada en connivencia con autoridades municipales pudiesen desaparecerlo.
Así, Arnulfo fue llevado a una casa de seguridad, donde lo interrogaron y lo torturaron asfixiándolo hasta la muerte.
Los perpetradores le reclamaban su constante activismo como marchas y bloqueos contra el Ayuntamiento de Tlapa y su renuencia a abandonar el movimiento pese a haber sido advertido de las consecuencias que ello traería y que, según testigos, Arnulfo le pidió al perpetrador que lo interrogaba darle otra oportunidad, pero este le respondió que ya era tarde, que eso lo hubiese pensado antes.
Y que tras ser asesinado metieron su cuerpo en la cajuela de un coche, el cual pasó por la ciudad con toda impunidad, incluso con el auxilio de policías municipales y tránsito para ser llevado a la orilla de la ciudad donde una máquina retroexcavadora había cavado una fosa de tres metros de profundidad, donde fue tirado con el objetivo de que nunca lo encontraran.
Tlachinollan señaló que la desaparición de Arnulfo concitó consternación en la comunidad de derechos humanos y organizaciones sociales del país que se sumaron a la exigencia por la presentación con vida del luchador social.
Y que la Comisión Nacional de Búsqueda con la Fiscalía General del Estado emprendieron varios operativos de búsqueda y el 20 de noviembre, 40 días después, fue localizado en el punto conocido como los tres postes en la carretera Tlapa – Metlatónoc, tramo Igualita, enterrado a tres metros de profundidad.
Y que eso abrió a varias familias la posibilidad de buscar a sus seres queridos cuando se realizaban los operativos de búsqueda de Arnulfo venciendo el miedo y se fueron sumando a la búsqueda y a la fecha se tienen registradas más de 50 casos de desaparecidas y desaparecidos y cuerpos recuperados en esas jornadas.
