Piden organizaciones que el Congreso y el gobierno del estado eliminen obstáculos para el cumplimiento de la Alerta de Violencia de Género

Tlapa, Guerrero, México. Septiembre de 2019. Por: CGB. Organizaciones feministas y de mujeres de Guerrero exhortaron al gobierno estatal para que dé cumplimiento a la Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado, que el Congreso modifique el Código Penal para que mujeres y niñas víctimas de violación puedan tener acceso a un aborto legal y seguro.

Que la Secretaría de Salud del estado a gire instrucciones oficiales a todos los centros de salud y hospitalarios, adscritos al Sistema Nacional de Salud para que apliquen la NOM 046 y que la Fiscalía General de Guerrero aumente el número del personal adscrito a las Fiscalías de Atención a Víctimas de Delitos Sexuales, para revisar y dar seguimiento a las carpetas de investigación de casos de mujeres consignadas por el delito de aborto en la entidad.

En un comunicado, en el marco del 28 de septiembre, Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y El Caribe que firman Católicas por el Derecho a Decidir, el Observatorio de Violencia en Guerrero (ObVio Guerrero), organizaciones feministas y de mujeres denunciaron  que al estado de Guerrero le quedan únicamente dos meses para cumplir con las recomendaciones de la Alerta de Violencia de Género (AVG) por Agravio Comparado, por lo que pedían elimine los obstáculos que impiden a las víctimas de violación recibir el servicio de interrupción legal del embarazo.

Explican que el  Código Penal sólo permite el aborto por violación si se denuncia formalmente la agresión ante las autoridades, lo que contraviene la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM 046) que establece que la interrupción del embarazo por esta causa se debe llevar a cabo sin la necesidad de una denuncia ante el Ministerio Público.

Agregan que una de las recomendaciones de la AVG establece que el Congreso de Guerrero debe modificar el artículo 159 del Código Penal local para eliminar los obstáculos que impiden el acceso a un aborto legal. Sin embargo, a dos meses de que se cumpla el periodo para las recomendaciones que emitió el Grupo de Trabajo, aún no se ha realizado esta modificación.

Mencionan que el contexto de violencia sexual y la criminalización de las mujeres que abortan en Guerrero es preocupante en este año se han denunciado 168 casos de abuso sexual; en el mismo periodo se registraron 202 carpetas de investigación por denuncia de violación en Guerrero: 145 por violación simple y 57 por violación equiparada y se menciona la existencia de 13 carpetas de investigación por el delito de aborto en Guerrero.

En México, la criminalización, la persecución y el encarcelamiento de mujeres que interrumpen un embarazo, evidencian la discriminación y la falta de garantías para el ejercicio de las libertades individuales y de los derechos civiles y a eso se suma la condena de la jerarquía de la Iglesia católica y los grupos conservadores que desconocen que en la propia Iglesia existen posturas más misericordiosas sobre el aborto, inclusive el Derecho Canónico, ley interna de la Iglesia Católica, no condena el aborto en algunas circunstancias.

Uno de los casos es de Patricia, una joven de 16 años a quien en la Agencia del Ministerio Público nunca se mencionó el derecho a interrumpir su embarazo y la titular de la agencia le dijo que si no quería tener a su hijo se lo regalara y para que fuera atendida tuvo que intervenir una organización para que le practicaran la ILE, pero ahí fue amenazada por policía ministerial quien le dijo que era delito y si la violación no se comprobaba, sería acusada de homicidio.

A eso se sumó que el personal de salud no le quiso administrar la dosis recomendada y ante la presión de la organización lo hizo, pero al terminó del procedimiento, el personal del hospital pretendía que los familiares se llevaran los restos.

Por eso piden a las autoridades estatales no se dejen influenciar por las presiones ejercidas desde la jerarquía de la Iglesia católica o de otros líderes y grupos religiosos que se oponen a la progresividad de los derechos humanos de mujeres y niñas.

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