No hay atención a familias de Jornaleros Agrícolas en la Cuarta Transformación de AMLO; critica la Red Nacional de Jornaleros Agrícolas

La Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas en una carta pública a la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores le manifestaron su preocupación por la ausencia de una política específica para la atención a las y los Jornaleros Agrícolas y a sus familias en el marco de la Cuarta Transformación.

La carta circuló el pasado 18 de febrero suscrita por organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de base e investigadores (as) en diferentes universidades donde le pidieron que se haga del conocimiento público la alternativa que se tiene para este sector luego de constatar que desaparece el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA, 1990-2018) y con ello, la prioridad que ocupaba en la política pública.

Detallan que la atención se obtuvo en la década de los ochentas en el marco de la lucha por los derechos humanos con actores sociales como Rodolfo Stavenhagen, Roger Bartra, Luisa Paré, Enrique Astorga, Gabriel Torres, Martine Vaneckere y Arturo Warman y fue hasta 1990 cuando se logró desarrollar una propuesta a este sector.

Recordaron que en sus inicios el programa se distinguió por la integralidad de sus acciones con la existencia de redes de promoción social y la participación organizada de la población y, admitían, que al cabo de los años el diseño original se simplificó, perdió creatividad y esencia humana que se gesta con el trato directo, de persona a persona.

Agregaron que en las casi tres décadas de funcionamiento las necesidades y prioridades de las y los jornaleros migrantes no se cubrieron, al contrario, se acrecentaron, por lo que proponen la creación de un nuevo programa que retome los aciertos del pasado e implemente nuevas estrategias desde la política de bienestar para atenderlos con apoyos reales que dignifiquen sus condiciones de vida en los ámbitos de vivienda, abasto, salud, educación y procuración de justicia.

Mencionan que Albores señaló que la problemática de las personas jornaleras se inscribía para este gobierno en las problemáticas de las personas indígenas, sin embargo, tan sólo alrededor del 40 por ciento de la población es indígena, quedando fuera de la atención del Estado el 60 por ciento de la población jornalera.

Y que en Anexo 10 del Presupuesto de Egresos de la Federación, se destinaron 35 millones de pesos mediante el Programa de Secretaría del Trabajo y Previsión Social “Jornaleras y Jornaleros Agrícolas”, siendo este monto completamente insuficiente para atender una enorme problemática que enfrenta esta población.

De manera puntual le preguntan a la secretaria ¿dónde estará hoy la atención a los y las jornaleras agrícolas y sus familias?, particularmente las personas migrantes e indígenas, que se desplazan a lo largo y ancho del país, engarzando diversas temporadas agrícolas en los mercados de trabajo que les demandan.

Sobre todo, porque en declaraciones hechas no les quedó claro en qué instrumentos se incluye la atención de las y los jornaleros agrícolas, considerando su condición de género (mujeres y hombres) su movilidad (migrantes y locales), su edad y su origen étnico (indígenas y mestizos).

Enfatizaron que al tener en sus manos la dirección de la política de bienestar diera respuesta a su solicitud de conocer ¿cómo será la atención a los y las jornaleras agrícolas, en cada una de las condiciones en que se presentan: género, movilidad, edad y condición étnica?

Los integrantes de la Red nacional piden una respuesta en el tiempo y forma correspondiente al artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Entre los integrantes están: Centro de Acompañamiento a Migrantes A.C. (CAMINOS); el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan A.C. (CDHM Tlachinollan); Centro de Desarrollo Indígena Loyola A.C. (CDIL); el Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública A.C. (CECIG); la Coalición Indígena de Migrantes de Chiapas (CIMICH); Mixteco Yosonuvico de Sonora Cerro Nublado A.C.; Enlace, Comunicación y Capacitación A.C. (ENLACE); Pastoral Social y Migrantes de la Diócesis de Matehuala; Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales A.C. (ProDESC); Respuesta Alternativa A.C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (RA); Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes A.C.; Dra. Ma. Antonieta Barrón Pérez, Facultad de Economía, Universidad Nacional Autónoma de México; Dr. Celso Ortiz Marín, Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa; Dr. José Eduardo Calvario Parra, Colegio de Sonora; y Mariano Yarza, defensor independiente.

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